Alrededor de 200 juristas llaman a participar en la manifestación del 14 de enero en Bilbo

Un año más, la Red Ciudadana SARE, convoca para el 14 de enero, una movilización para reclamar el respeto de los derechos humanos de los presos y presas vascos, que en estos momentos, y desde hace mucho tiempo, son sistemáticamente conculcados por los poderes públicos, tanto por el Gobierno como por los propios Tribunales de Justicia.

La adhesión a esta convocatoria de manifestación la hacemos personas de muy distinta condición e ideología, a las que nos une nuestra profesión: somos juristas.  Tenemos nuestra fe y confianza en el Derecho, porque entre otras cosas, sin Derecho, especialmente, sin derechos humanos, no hay democracia.

Esta evidencia deudora de declaraciones de derechos realizadas ya en el Siglo XVIII, es necesaria reivindicarla hoy en día, en el siglo XXI. Con esta reflexión comenzábamos nuestra intervención hace un año, cuando también nos adheríamos a la manifestación del 9 de enero del 2.016 Un año después, continuamos diciendo lo mismo, si cabe con mas preocupación e intensidad.

Compartimos el objetivo de la Red Ciudadana SARE.
Desde nuestra posición de mujeres y hombres, comprometidos con el Derecho y como personas convencidas de que donde no hay justicia no puede haber Derecho, queremos hace hoy un llamamiento a la sociedad no solo la vasca, para que no cerremos los ojos ante una realidad penitenciaria injusta.

Lamentablemente hoy, nos encontramos en una situación decepcionante y preocupante.

Una interpretación de la actual legislación penitenciaria conforme con el Derecho europeo no permite continuar con la actual política penitenciaria.  Todavía cientos de personas cumplen sus condenas alejadas de sus familias, de las personas que les pueden dar el apoyo y la asistencia humanitaria precisa. La dispersión y el alejamiento, añaden dolor y sufrimiento a un amplio colectivo como el de las familias de los presos y presas que se ven obligadas a cumplir una pena que ningún juez les ha impuesto.

Creemos que un compromiso sincero con los derechos humanos exige movilizarse contra la política de alejamiento; exige decirle al poder político que ni es bueno ni es justo proseguir en la misma actitud que ha mantenido hasta ahora, cerrándose a dar un trato humanitario y justo a quienes se encuentran privados de libertad.

Nuestras razones son humanitarias y también jurídicas. Es necesario resaltar  que las Instituciones europeas están poniendo freno a algunas de las medidas que hoy continúa aplicando el Gobierno Español a las personas presas. Algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo han subrayado el derecho de los presos a cumplir condena en centros próximos a su domicilio habitual.

Sin embargo, una y otra vez, las autoridades políticas y judiciales españolas evitan aplicar  las decisiones del Tribunal europeo en todo aquello que se refiere a los presos y presas vascos. Así sucede al mantener la política de alejamiento que convierte las visitas en muchos casos irrealizables, especialmente cuando se trata de personas mayores o de niños de corta edad.

Es necesario también trasladar a la opinión pública nuestra preocupación por la actitud adoptada por los Tribunales españoles en relación con la Decisión Marco Europea, sobre el computo de penas cumplidas en otros Estados, lo que permitiría  a algunas personas encarceladas, estar ya en libertad o a punto de alcanzarla.

La ley dictada en aplicación de esa Directiva marco persigue aplicarla restrictivamente, siendo necesario contrastar si esa aplicación restrictiva es conforme con el Derecho europeo, labor que corresponde al Tribunal de Justicia de la UE.

Pues bien, tal como recordábamos hace un año, el Pleno de la Audiencia Nacional ha rechazado hacer esa consulta, haciéndolo además con el voto a favor de 11 magistrados contra 9. Nueve magistrados y magistradas entienden que la Ley puede ser contraria al Derecho Europeo, pero a pesar de ello la Audiencia Nacional no quiere dirigirse al Tribunal de Justicia para aclarar el significado del Derecho europeo y la consecuente conformidad con el mismo de la Ley estatal. Lo mismo han hecho el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. En todos los casos las sentencias han ido acompañadas de los correspondientes Votos Particulares.

Estos tribunales juegan con el derecho a la libertad de personas que ya han cumplido en su totalidad, la pena a la que fueron condenados. Pero además, nos parece, desde un punto de vista humanitario, una medida especialmente dura cuando se trata de personas con una estancia en prisión superior a los veinte años ,y que tienen entre cuarenta y setenta años de edad.

Tampoco tiene nada que ver con una actitud humanitaria mantener en prisión a presos con enfermedades graves e incurables. Nos preguntamos por qué en estos casos se ignora la legalidad a sabiendas. Nos preguntamos la razón por la que deciden imponer la “autoridad”, sin escuchar a quienes están cumpliendo las penas, bajo un rigor inusitado que violenta la frágil salud de estos presos enfermos.

La ley General Penitenciaria de 1.979 dice en su Titulo Preliminar (art.3ª), que la actividad penitenciaria “se ejercerá respetando, en todo caso, la personalidad humana de los recluidos y los derechos e intereses jurídicos de los mismos, no afectados por la condena, sin establecerse diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, condición social o cualesquiera otras circunstancias de análoga naturaleza”

Pues bien, ¿Podrían hoy quienes ejercen la máxima responsabilidad política en esta cuestión, asegurar con verdad que se respeta este artículo?¿Podrían defender sin vergüenza que lo ignoran a propósito y por meras razones útiles a sus intereses políticos?

Lo cierto  es que hoy la realidad afea a la justicia, la desacredita. Y no solo por el mantenimiento de la dispersión y alejamiento; no solo porque se prive a los presos enfermos de contar con el afecto y el apoyo directo de sus familias en ese trance, sino porque además se aplica una legislación excepcional para alargar penas ya cumplidas.

La ley Orgánica 7/2003 es la ley de excepción que se aplica a este colectivo de presos y bajo la cual se producen la mayor parte de las vulneraciones que sufren. Es por ello, que su derogación, resulta necesaria y urgente. Estamos hablando de una Ley que permite cadenas perpetuas encubiertas , en contra de los criterios recogidos en la propia CE. Hablamos de una legislación hecha “a medida” para cercenar derechos ya reconocidos; hablamos de nuevas tipificaciones incluidas en el Código Penal al margen de cualquier recomendación democrática; hablamos de puertas falsas para lograr que la venganza sustituya al derecho.

Por todo ello, sigue siendo hoy absolutamente necesario conjugar los derechos a la manifestación y a la palabra. Es perentorio decir que el nuevo tiempo en el que vivimos,  tras décadas de violencia, de muchas violencias y sufrimientos, requiere una nueva forma de mirar el futuro. Este tiempo nuevo en el que nos encontramos exige que prevalezca la equidad y la justicia sobre el odio y el rencor.

La Red Ciudadana SARE propone que, en la manifestación del 14 de enero en Bilbao, sea eso lo que defendamos.  La urgente necesidad de poner fin a las injustas situaciones que están viviendo cientos de presos y sus familias. Porque en ese futuro que todos deseamos mejor no cabe prolongar durante mas tiempo la vulneración de derechos que son básicos.

Por todo esto, nuestra adhesión a la convocatoria del 14 de enero en Bilbao.  Como Juristas no podemos sentirnos ajenos a esa llamada que reivindica algo tan básico e irrenunciable en las sociedades actuales como es la vigencia de los derechos fundamentales.