Hoy, en esta rueda de prensa, hemos querido comparecer juntas personas que nos dedicamos a la abogacía y a la sanidad para adherirnos a la manifestación convocada por la Red Ciudadana SARE para el día 13 de enero en Bilbao en la idea de dar un paso más en el camino de la resolución, la paz y la convivencia.

Desde profesiones distintas compartimos principios elementales que son los que hacen avanzadas a las sociedades: la defensa de la vida y la integridad física de las personas; el sentido de humanidad y de dignidad en la gestión de la sociedad; y el uso de la legalidad para la vida buena colectiva.

Desde esos principios, quienes somos juristas y propugnamos un Derecho basado en los derechos humanos para que sean posibles la Justicia y la Democracia, exigimos que se acabe ya con el uso y abuso vengativo de la ley como arma política para causar daños añadidos a las personas presas y a sus entornos familiares.

Y eso ocurre con una legislación excepcional pensada para alargar penas ya cumplidas o impedir el acceso a grados.

Y eso también ocurre con una política penitenciaria cruel y endurecida.

Por una parte, mantiene en la cárcel a personas presas gravemente enfermas o de edad avanzada abocándoles a una muerte rápida cuando no inminente; y, por otra, aleja a la población reclusa de su entorno familiar, dificultando fortalecer los lazos que contribuyan a su futura reintegración y castigando a la propia familia a desplazarse centenares de kilómetros, regularmente y durante años, sufriendo así también condena sin haber cometido delito alguno.

Esa política de alejamiento que convierte en irrealizables en muchos casos, las visitas, especialmente cuando se trata de personas mayores o de niños de corta edad, contradice las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pero también la propia legislación española.

Así el artículo 1º y principal de la propia Ley General Penitenciaria de 1979 dice que las instituciones penitenciarias “tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados. Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda para internos y liberados”.

Como se puede comprobar, el modo de aplicarla a las personas recluidas por motivos políticos es justo al revés: la retención no solo está por encima de cualquier finalidad de reinserción, sino que ésta y la finalidad asistencial son flagrantemente conculcadas. El famoso imperio de la ley es solo un eslogan hueco de las autoridades políticas, judiciales y penitenciarias para presos y presas vascas.

Desde aquellos mismos principios, quienes somos profesionales de la SANIDAD, no aceptamos que una legislación de excepción, alejada de los derechos humanos, se traduzca en que el derecho a la salud y el acceso a la sanidad se discriminen en función del delito o la pena de las personas encarceladas.

Y eso ocurre cuando se fija el lugar de reclusión al margen de los cuidados que requieren las enfermedades graves o incurables, o cuando no se excarcela a quienes están en situaciones límite para que puedan ser tratadas fuera de la prisión. Condicionar esa libertad a un fallecimiento inminente es tan despreciable como ajeno al común de las leyes europeas al respecto.

Además, se contradice el art 3.4 de la propia Ley General Penitenciaria cuando dice que “La Administración penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos”, cosa que no ocurre cuando la vida se subordina a la condena.

Seis años después, de la decisión de ETA de abandonar la violencia y meses después de su desarme, no podemos admitir ni entender, que los poderes públicos de España y Francia vulneren claramente derechos de presos y presas vascas, con una actitud decepcionante y preocupante de bloqueo. El nuevo tiempo en el que nos encontramos, tras décadas de violencia, de muchas violencias y sufrimientos, requiere una nueva forma de mirar al futuro. Este tiempo nuevo, en el que nos encontramos, exige que prevalezcan la equidad y la justicia sobre el odio y el rencor.

Como juristas y como profesionales de la sanidad, pero sobre todo como ciudadanos y ciudadanas vascas, que queremos una sociedad mejor para nuestros hijos e hijas, no podemos sentirnos ajenos a algo tan básico e irrenunciable como es la vigencia de los derechos humanos para todas las personas. También, y en este caso en especial, para las que se encuentran privadas de libertad.

Porque nos une la defensa de los derechos humanos, siendo el primero de todos el derecho a la vida, pero también el derecho a la salud y a la calidad de vida, nos dirigirnos al conjunto de la sociedad vasca -que siempre ha dado sobradas muestras de compromiso y solidaridad por encima de adscripciones ideológicas- para que acuda el 13 de enero en Bilbo, al llamamiento de la Red Ciudadana SARE por razones humanitarias y también para exigir la aplicación justa del derecho justo.