Prensa-Opinión
Amplitud y diversidad por los derechos de los presos
La comparecencia de Sare ayer en Bilbo para dar a conocer su intención de acudir a Europa a denunciar la situación que padecen los presos y presas vascos y sus familiares fue un reflejo del apoyo mayoritario de la sociedad vasca a la defensa de los derechos de esos presos y presas, algo ya sabido. Sin embargo, el respaldo público mostrado a la red ciudadana por tantas personas de tan diversos ámbitos y tendencias ideológicas permitió visualizar la amplitud y pluralidad de ese apoyo. Y también la pequeñez del sector que apuesta por impedir un escenario de resolución para cuyo logro el fin de la situación de esos presos es asunto principal. Un sector cada vez menos relevante, pero poderoso por contar con los resortes y la capacidad de imposición de dos estados.
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Viaje con destino al fin de la excepcionalidad
Una delegación de Etxerat viajará el próximo mes de marzo a Bruselas para hacer llegar a partidos políticos, agente sociales y diputados del Parlamento Europeo la flagrante vulneración de derechos que padecen los presos vascos y sus familiares. Una llamada de auxilio para que la «legalidad» de excepción que se aplica en las cárceles termine de una vez por todas, un aldabonazo que, en vista de la nula impli- cación, cuando no obstrucción, de la mayoría de agentes políticos del Estado español, han decidido llevar al centro político de Europa. Un viaje más en la mochila cargada de kilómetros que llevan sobre la espalda los seres queridos de las 461 personas que a día de hoy permanecen presas en cárceles de los estados español y francés.
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¿Seguirá incumpliendo la legalidad señor ministro? | Jon Iñarritu
El motivo de este escrito es la constante afirmación que realiza el ministro del Interior de su inquebrantable respeto de la legalidad. “Allá donde este ministro actúa, se somete plenamente a la Ley”. Esta afirmación, señor ministro, la contradice constantemente, en su actividad cotidiana, en concreto cuando defiende, mantiene y no adopta ninguna medida para evitar la situación de los presos y presas vascas que se encuentran a cientos de kilómetros de su domicilio habitual.
La razón es muy simple. Como es conocido, y como se ha reflejado en la prensa en repetidas ocasiones —léanse los artículos del catedrático Lasagabaster—, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha señalado en su jurisprudencia que el alejamiento de los presos de su lugar de origen, de su domicilio habitual, impidiendo y dificultando la relación con sus familiares es contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta negación de los derechos de los internos en prisión se produce porque se incumple el propio Convenio y la jurisprudencia que del mismo aplica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin ser necesario que la jurisprudencia de este último se haya producido en relación con demandas planteadas contra el reino de España. Al Estado español no solamente le vinculan las sentencias en los procesos en los que es parte, sino que le vinculan también todos los demás.
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Cadena perpetua | Iñaki Egaña
Anuncian que la legislación española acaba de incorporar el concepto de cadena perpetua a su listado de castigos. En la práctica, la cadena de por vida ya era aplicada a presos vascos, por lo que no nos ha pillado de sorpresa. Quizás el envoltorio, el de las medidas contra la «ofensiva yihadista».
Pero eso se trata de un envoltorio. España ya sufrió atentados yihadistas en 1985 y 2004 (restaurante El Descanso, líneas aéreas británica y jordana, trenes de cercanías) con decenas de víctimas mortales y, sin embargo, no varió su código penal. La cadena perpetua, ya tenemos las suficientes canas como para saber cuando nos engañan, está diseñada para la disidencia interna, la peninsular, no para las supuestas amenazas externas. Para estas últimas, y Madrid ya ha estado implicado en unos cuantos, están los bombardeos indiscriminados.
La cadena perpetua sirve para visionar, asimismo, que el objetivo de la cárcel como redención y no como represión es, también, un cuento. Con el tiempo, los mecanismos punitivos se han ido perfeccionando, aunque no por ello se han catequizado en sibilinos. La cárcel se ha convertido en el centro de la venganza, por excelencia. En el saco de todas las perversidades políticas aplicables al disidente.
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Nuevamente: la dispersión viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos | Iñaki Lasagabaster
A pesar de las informaciones aparecidas en la prensa, el titular de este artículo es correcto, al igual que el que se escribió sobre este tema hace ya unas fechas. Entonces se trataba de la sentencia Khodorkovskiy y Lebedev c. Rusia, de 25 de octubre de 2013, y ahora se trata de la sentencia Vintman c. Ucrania, de 23 de octubre de 2014, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un año más tarde.
Viene a cuento volver sobre el tema, desde luego por el hecho de que la sentencia se repite, pero además por las noticias que recientemente se han podido leer refiriendo que el Comité de Ministros del Consejo de Europa daba por buena la política de dispersión del Gobierno español. En relación con esta noticia tiene interés acudir a la literalidad de la respauesta que el Comité de Ministros ha dado a la pregunta de los parlamentarios Andreas Gross y Björn von Sydow sobre el lugar de detención de los presos vascos en el Estado español. La respuesta que da el Comité de Ministros es la siguiente: «El Consejo de Ministros observa que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha estimado que España viola la Convención a causa de que los detenidos españoles no hayan sido internados en establecimientos situados en lugares próximos a sus familiares». (Traducción propia).
Esta respuesta del Comité de Ministros es correcta y veraz. Todavía no ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos ningún recurso contra la dispersión de los presos vascos y el alejamiento de sus familias a que son condenados. El Tribunal, por tanto, no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión. Nada que ver, por tanto, el contenido de la respuesta con una pretendida confirmación de la política de dispersión seguida por el Estado español.
Es más, tal como se ha señalado al principio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el asunto Vintman c. Ucrania, vuelve a recoger el contenido de la sentencia del caso Khodorkovskiy y Lebedev. A continuación un breve relato de los hechos.
Un preso ucraniano alega que está obligado a cumplir su condena de prisión lejos de su domicilio, lo que ha impedido e impide a su madre, de edad madura y no muy buena salud, visitarle desde hace varios años. En el momento del recurso, el recurrente se encuentra en una prisión situada a 700 kilómetros de su domicilio, siendo la duración del trayecto de entre 12 y 16 horas. Las autoridades penitenciarias han rehusado las numerosas demandas del recurrente de transferencia a centros próximos a sus familiares, invocando razones de espacio y, de forma más reciente, el comportamiento del interesado.
Ante estos hechos el Tribunal señala que ese rechazo a aproximarlo a sus familiares le ha privado efectivamente del contacto personal con su madre, y ese hecho constituye una ingerencia en el respeto al derecho de su vida familiar, previsto en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal, a la luz de lo establecido en las leyes ucranianas, podría admitir que esa ingerencia estaba prevista en la ley y que podía perseguir finalidades legítimas, como serían las de prevenir la sobrepoblación carcelaria o el mantenimiento de la disciplina. Sin embargo, considera que una medida de este tipo es desproporcionada.
Afirmar que no hay plazas disponibles en lugares más próximos no es argumento suficiente, si no se demuestra realmente y se evidencia que ha habido unos intentos de trasladar al interno en prisión más cerca de sus familiares. Al contrario, en este caso se le ha mantenido en uno de los lugares más alejados de su domicilio.
El Tribunal tiene en cuenta también la situación de la madre, de edad avanzada y enferma, y que físicamente tendría muy difícil realizar el traslado requerido para visitar a su hijo. Las autoridades ucranianas no han tenido en cuenta estos hechos, ni la situación personal del recurrente, ni tampoco de su interés por estar cerca de sus familiares, lo que convierte la medida de alejamiento contraria al Convenio. No hay ninguna razón aportada por las autoridades internas que pueda justificar una ingerencia de este tipo en el derecho a la vida familiar de este interno en prisión.
Me permitiría plantear que los parlamentarios Gross y von Sydow habrían conseguido mejor su objetivo si hubiesen hecho estas otras dos preguntas. La primera es la siguiente: ¿Hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establezcan el derecho de los presos a cumplir condena cerca de sus domicilios porque así lo exige el derecho a la vida familiar? La respuesta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido que sí, tal como se ha puesto de manifiesto en los dos asuntos citados en estas líneas. La segunda pregunta sería: ¿Estas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos vinculan a los poderes públicos españoles (alemanes, rusos o franceses)? La respuesta es positiva, más si se piensa que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que hace es establecer un estándar uniforme de derechos a aplicar en todos los Estados miembros del Consejo de Europa. Estas dos son las preguntas que se tenían que haber planteado al Comité de Ministros del Consejo de Europa y estas son también las preguntas a las que debería responder el Gobierno español si no quiere encontrarse un día nuevamente condenado por el Tribunal de Estrasburgo. ¿O acaso el Gobierno español piensa que las sentencias del Tribunal de Estrasburgo solamente le afectan cuando es parte en el proceso?
Política de dispersión, sociedad bajo ataque
Euskal Herria es un caso único en un Occidente que cree de sí mismo ser un modelo para el resto del mundo y un ejemplo de la Historia en materia de derechos humanos. Durante más de dos décadas ha sido testigo de cómo un Estado, con gobiernos de signo diferente y la colaboración de fuerzas autóctonas de por medio ha practicado con imperturbable cinismo, de forma sistemática y arbitraria la dispersión de los presos políticos vascos. Obligando a miles de compatriotas, familiares y allegados de los presos, semana sí y semana también, nieve, hiele, haga frío o llueva, a echarse a la carretera en un viaje que se sabe cuándo empieza pero no cómo termina. Son miles de ciudadanos vascos a los que se causa un gran sufrimiento y perjuicio, que ha dado cuerpo a una sociedad bajo ataque, instalada en la excepcionalidad de una venganza implacable, al margen de todo parámetro regular o racional de convivencia.
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Usted sí que está como una chota, Sr. Castro | Gotzon Iparragirre
Soy hermano de Ibon Iparragirre Burgoa, y escribo esta carta desde la rabia y el dolor. Y la escribo en castellano porque quiero que usted, Sr. Jose Luis Castro, Juez de Menores y de Vigilancia Penitenciaria, la entienda sin necesidad de traductores, literalmente y sin versiones manipuladas. Usted sabe perfectamente que nuestro hermano padece una enfermedad grave, crónica, incurable y degenerativa. Lo sabe porque así lo corroboran todos los informes médicos que obran en su poder, y así lo reconoce ud. mismo en el auto firmado de su puño y letra y que, sin embargo, decide mantenerlo en prisión.
Esos informes dicen literalmente que Ibon tiene SIDA, en estadio C-3, es decir que el VIH esta activado y está afectando directamente al cerebro: ‘Leucoencefalopatía multifocal progresiva’, ‘Deterioro Cognitivo’, ‘Encelopatía por VIH’, ‘Probable demencia SIDA’... ¿Le suena, Sr. Castro?
En lenguaje profano esto quiere decir que a Ibon el bicho le ha afectado al cerebro, y que entre otras cosas, no ve tres en un burro, no porque tenga miopía, sino porque tiene el nervio óptico afectado; que es propenso a sufrir ataques epilépticos; que tiene hipersensibilidad, que no siempre tiene capacidad de controlar procesos... Esta situación ya es difícil de llevar estando en libertad, y usted ¿decide denegarle la prisión atenuada y mantenerle alejado de su familia y de sus médicos de confianza? Por favor...
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L’Estaca | Olivier Peter y Oscar Sanchez Setién
Cantaba Lluis Llach «Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar, segur que tomba, tomba, tomba…». Seguro que la canción se dejó oír entre las multitudes que una vez más llenaron las calles de Bilbo para tirar todos juntos hasta que caiga el muro de la dispersión.
La calle, espacio de lucha imprescindible, convive con otros donde se trabaja a diario para que los presos y presas políticas vuelvan a casa, como por ejemplo el ámbito jurídico. Un trabajo que parece darle mucho miedo a los enemigos de los derechos humanos, como demuestra el hecho de que en los macro sumarios en Madrid a parte de condenar a inocentes se detiene también a sus abogados.
Las detenciones de los abogados así como la represión brutal contra toda expresión de solidaridad hacia los presos y presas, demuestran que esperar un verdadero reconocimiento de la vulneración de los derechos de los presos y presas por parte de los órganos del Estado y particularmente de sus tribunales, es una ilusión. Esto es debido, en particular, a la afinidad política entre la gran mayoría de los magistrados ejercientes y los partidos que han impulsado las medidas de excepción, desarrolladas durante décadas contra el EPPK.
Ante esta cerrazón, consideramos que en el espacio jurídico internacional existen hoy espacios más propicios para conseguir avances en el reconocimiento de los derechos de las presas y presos políticos y en particular su acercamiento a Euskal Herria. No porque tengamos la ilusión de que el Tribunal de derechos humanos de Estrasburgo o los órganos de las Naciones Unidas sean intrínsecamente más progresistas que las instancias españolas, sino porque su complejidad los hace menos vulnerables a las presiones de los grupos que, a nivel interno, trabajan a diario para sabotear toda iniciativa a favor de los derechos de los presos y presas políticas. Sirva de ejemplo el caso de la doctrina 197/2006 y su derribo por el TEDH, por encima de las enormes presiones del Gobierno del PP y de sus organizaciones afines.
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