“Je suis basque”

Jaume Asens

Portavoz de Guanyem y Responsable de derechos humanos de Podemos

La amplia operación de la Guardia Civil contra la práctica totalidad del colectivo de abogados de los presos de ETA produce una cierta sensación de fatiga histórica. Sitúa en primer plano, otra vez, los efectos de la política antiterrorista del pasado en un momento en que la banda ha cesado definitivamente su actividad armada. A los doce abogados detenidos no se les achaca haber cometido ningún atentado sino formar parte del «frente de macos» -o cárceles- de una organización en vías de disolución. No es la primera vez que se mezcla terrorismo con togas. Con anterioridad, colectivos de derechos humanos como Gestoras Pro Amnistía o Askatasuna ya fueron ilegalizadas y otros abogados detenidos, procesados e incluso encarcelados. No por casualidad el “Día del Abogado Amenazado” del 2003 convocado en las embajadas por las asociaciones europeas de abogados fue con motivo de esa situación inédita en el continente. La tesis que permitió que ello sucediera es ya conocida. Fue popularizada por el juez Garzón con el macroproceso 18/98. Hasta ese momento, para ser considerado miembro o colaborador de ETA era necesario tener relación directa con la organización armada. Era la doctrina asentada por el Tribunal Constitucional 199/87. En opinión del controvertido magistrado, en cambio, todos los grupos ligados a la izquierda abertzale eran, o están destinados a ser, “apéndices” de la estructura de la organización armada. Fueron creados, «fagocitados» o «colonizados» por ella y responden a sus directrices.

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