Contra la política de Dispersión

Arantzazu Ametzaga Iribarren
Bibliotecaria y escritora

Dice Oscar Wilde en su Balada de la cárcel de Reading: … No he visto nunca a un hombre contemplar con mirada tan anhelante ese toldito azul que los reclusos llaman cielo… Al enterarse el poeta de la condena al preso, culmina diciendo: … Los mismos muros de la cárcel parecieron temblar de repente y el cielo sobre mi cabeza se convirtió en un casco de acero candente; y aunque yo también era un alma en pena, mi pena no podía sentirla.

Cada vez que me acerco a una cárcel, recito las palabras de Wilde, comprendiendo que quien ha cometido un delito a la sociedad debe pagarlo en la medida en que la Justicia, a la que sabemos ciega pero no aceptamos perversa, dictamine. El peor de los castigos es la privación de libertad, la de convertirse en un número de un establecimiento, soportar la condena de un grupo social que prefiere ver al delincuente apartado, destinado de por vida a pagar su culpa, tal cual los dioses griegos dictaminaron inexorables contra Sísifo que cargaba una piedra hasta la cima de una montaña, pero nunca podía dejarla en ella, pues la piedra, por voluntad de los dioses, rodaba hacia abajo. Así, una y otra vez.

Estamos viviendo un largo y complicado y doloroso proceso en nuestro pueblo, desde que ETA abandonó las armas, y va pasando el tiempo y la sociedad ha recuperado su pulso pero no del todo el latido del corazón. En aquellos tiempos nefandos que vivimos, la condena se extendía a todos los vascos/as, como si ETA fuéramos todos y no producto nefasto de un nefasto terrorismo de Estado, como si extendiendo un tupido velo sobre los años de la guerra y la dictadura que le siguió y fueron cuarenta, se podía culpar a una organización de las causas maléficas que afectaban los años en que en el Estado Español, se ensayaba, por fin,  democracia.

En esas décadas terribles en que las que parecía que el tañido de muerte de las campanas acallaba nuestro afán de vivir, habían otras fuerzas oscuras e igualmente nefandas, que devoraban el patrimonio de un estado, derivado de los impuestos ciudadanos, en beneficio propio. Los escándalos que estamos presenciando en su mayor parte derivados del Partido Popular y la Monarquía, no solo nos anonadan por lo que suponen, sino que vemos que no hay cárcel ni pena contundente para la mayoría de ellos. Ali Baba y los Cuarenta Ladrones propiciaron el receso de una economía que nos afecta, sobre todo a la nueva generación. Y que, para mi, es una manera de crimen organizado.

Pero los presos/as de ETA, doce de ellos padeciendo enfermedades graves, siguen en prisión y lo que es más grave, dispersos de Euskadi. Alejados de sus familias que de esta manera son castigadas también, embutidos en cárceles foráneas, los recluso/as siguen mirando ese pedacito de cielo desde las rejas de su celda. La Justicia ha actuado contra ellos de manera contundente, ajena al pensamiento de Lincoln de que la más estricta justica no es nunca la mejor política. En este caso, la Justicia se acomoda al deseo del más fuerte.

SARE ha denunciado que la Audiencia Nacional funciona como correa de transmisión del Ministerio de Justicia, afirma que simplemente con la aplicación de la ley, nadie pide excepciones, muchos de los presos deberían estar ya en libertad, de regreso a su país y familias porque equivocados o no, su lucha estaba dirigida en esa dirección. Hubo muchos más quienes en mi generación prefirieron el camino de la paz para la reclamación nacional, pero hubo otros que no lo hicieron. Pero nadie debería estar padeciendo privación de libertad, cumplido los plazos de la condena, por una idea. Todos tenemos derecho a tener ideas, a debatirlas, a conciliarlas, aunque en el fondo de esa idea subyaga que la unidad de España no es aceptable. El problema radica en preguntarse porque somos tantos los que no creemos en semejante unidad. Qué ha fallado en el término España que tantos lo rechazan. Y no solamente los vascos o lo catalanes, que ya lo hicieron en el S. XIX las colonias, hoy repúblicas, que conformaban el Imperio Español.

Se trata de iniciar un proceso de acercamiento físico de los presos, son cuatrocientos setenta, revisar las condenas, reintegrar, a quienes las hayan cumplido, a la vida civil a la que pertenecen. Son personas, equivocadas o no, que han hecho grave daño, pero que han pagando por ello con su reclusión. Deben regresar a nosotros para que podamos convivir con la Memoria Histórica que devela los horrores de una guerra que nos ha conducido a esto, y de la que todos somos herederos, unos en la amarga derrota otros en la opulenta victoria, y comenzar una vía de normalización para que la nueva generación pueda crecer sin odios ni rencores, sin miedo ni dolor. Una vía en la que la palabra y el debate libertario, el restablecimiento pleno de los Derechos Humanos, prevalezcan sobre la cohesión y la mordaza. Sobre el deseo de venganza y el poderío de la fuerza. Y como son días de Pascua, me voy cantando la vieja canción de nuestro pueblo, tantas veces exiliado y repatriado, la que cantaba mi aita en cada una de sus navidades: Hator, Hator mutil etxera.

Los tribunales españoles (la Audiencia Nacional) impiden la aplicación de las normas europeas a los presos y presas vascas, cometiendo una clara ilegalidad.

Iñaki Lasagabaster Herrarte

La finalidad de la Decisión marco 2008/675/JAI es establecer las condiciones en las cuales se tienen en cuenta las condenas que hayan sido pronunciadas en otros Estados miembros contra la misma persona por hechos diferentes o las condenas cumplidas ya por esas personas. Esta regulación llevaba a tener en cuenta los tiempos de condena cumplidos por los presos y presas vascas en otros Estados europeos, fundamentalmente en Francia, cuando se trata de determinar el tiempo que les queda pendiente para el cumplimiento de las condenas que les habían sido impuestas por los tribunales españoles.

Esta decisión marco fue aplicada por el Tribunal Supremo, en su sentencia 186/2014, donde se apoya en esta Decisión marco 2008/675/JAI. La aplicación directa de la Decisión marco significa que el tiempo de condena cumplido en el Estado francés se tenía en cuenta al efecto de determinar el tiempo de cumplimiento de condena que le corresponda a esa persona en el Estado español.

Cuatro años después de la entrada en vigor de la Decisión marco 2008/675/JAI se dicta en las Cortes Generales la Ley orgánica 7/2014 cuya finalidad es dar cumplimiento a las previsiones de la Decisión marco señalada. La Ley se dicta pasado ya el plazo de transposición de la Decisión marco. En realidad la ley no era necesaria para que la Decisión marco fuese aplicable, ya que el Tribunal Supremo había aplicado directamente la Decisión marco 2008/675/JAI, descontando las condenas cumplidas por una persona en Francia del tiempo de condena a cumplir en el Estado español.

Sin embargo el legislador español dictó esa Ley orgánica 7/2014 con el claro objetivo de evitar su aplicación a los presos y presas vascos. Así, la Ley establece que la posible acumulación de condenas, a la que hace referencia la Decisión marco 2008/675/JAI, solamente afectará a aquellas condenas cumplidas con posterioridad al 15 de agosto de 2010.

La introducción de este límite temporal es contraria a lo que ya había sido establecido por el Tribunal Supremo en su sentencia 186/2014, que ya había aplicado esa acumulación.

El problema que se plantea judicialmente, al reclamar los presos y presas vascas la acumulación de condenas, es la relación entre la Decisión marco 2008/675/JAI y esta tardía Ley orgánica 7/2014. La pregunta fundamental que se suscita es la siguiente:

¿La Decisión marco 2008/675/JAI puede interpretarse en el sentido de que faculta a un Estado miembro a excluir de la toma en consideración de modo equivalente de las sentencias condenatorias dictadas por los Tribunales del resto de los Estados de la UE las que fueran anteriores al 15 de agosto de 2010?

Ante esta duda, el tribunal de la Audiencia Nacional debería preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuál era la respuesta a esa cuestión. Con otras palabras, si los Estados pueden dictar una ley que limite la acumulación de condenas o si esa ley sería contraria a la Decisión marco 2008/675/JAI.

El Tribunal español no ha dirigido sin embargo esa pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea estando obligado a ello. El Tribunal afirma que la Decisión marco es clara a ese respecto, aunque nueve jueces afirman lo contrario en un voto particular, diciendo que debía haberse realizado la pregunta a dicho Tribunal europeo. La pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea es obligatoria y sirve para que esa Decisión Marco se interprete igual en todos los Estados europeos. Se quiere lograr así que las normas europeas se interpreten de la misma forma en toda Europa y quien dice cómo se deben interpretar es el Tribunal de Justicia de la Unión.

Esta actuación del Tribunal de la Audiencia Nacional, impidiendo que se plantee la pregunta (lo que se llama técnicamente una cuestión prejudicial) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga a realizar algunas consideraciones, así:

1) Existe un claro interés en algunos miembros del Poder Judicial en evitar que llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial dirigida a aclarar el alcance de la Decisión Marco 2008/675/JAI.

2) No es jurídicamente comprensible esta resistencia a la luz de las diferencias de interpretación que tiene la Decisión Marco 2008/675/JAI. Estas diferencias de interpretación se manifiestan en dos cuestiones fundamentalmente, a saber:

1. a) Nueve jueces sobre diecinueve han planteado un voto particular donde se discute la interpretación de la Decisión Marco y b) el Tribunal Supremo ya la había aplicado directamente, antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2014, admitiendo la acumulación de condenas. Con la entrada en vigor de la Ley 7/2014 se trata de impedir nuevas sentencias como la citada del Tribunal Supremo.

3) La conclusión obligada de los datos anteriores es la existencia de una directriz política dirigida a impedir que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre el alcance de la Directiva 2008/675/JAI. Para el logro de ese objetivo no se duda en forzar hasta el límite la legalidad comunitaria y la propia legalidad española. Un empecinamiento tal, cuando se trata del cumplimiento de muchos años de cárcel por personas que ya han cumplido largos años de condena, pone claramente en cuestión la independencia del poder judicial y su falta de respeto a la legalidad, a las normas del Derecho europeo.

A estas críticas podrían añadirse otras, algunas técnicas y de difícil explicación en un artículo de este tipo. Pero, en todo caso, sí se puede y debe afirmarse que los tribunales españoles, especialmente los que que forman parte de la Audiencia Nacional, no constituyen ninguna garantía para el respeto de los derechos de los presos y presas vascos. La gravedad de este hecho no es necesario subrayarla. Si los tribunales no sirven para garantizar el respeto de los derechos de las personas, también de las que están en prisión ¿vivimos en un Estado de Derecho? Si no se respetan los derechos de las personas y no se garantiza la separación de poderes, la independencia judicial, ¿vivimos en una democracia? La respuesta a estas preguntas no requiere ser especialista en derecho.

Marilo Gorostiaga, Jon Kirru Iparragirre

Joseba Azkarraga y Teresa Toda, portavoces de Sare

Mucho se ha hablado en la sociedad vasca, durante las últimas semanas, de sufrimientos, de víctimas, de memoria, de reparación. Se han hecho propuestas, se han celebrado memoriales, se han desarrollado encuentros y actos oficiales. Ha habido gestos de reconocimiento, necesario y merecido, a familiares y víctimas directas de violencias sufridas durante las últimas décadas en nuestra tierra.

Pero no todas las voces se han podido oír con la misma intensidad, ni todas las víctimas han sido igualmente reconocidas. Apenas han encontrado lugar aquellas personas que siguen padeciendo, hoy en día, las consecuencias de una política penitenciaria anclada en el pasado y que genera sufrimiento, dolor e injusticias sobre las personas presas y, especialmente, sobre sus allegados.

Cuatro años después de la declaración de ETA poniendo fin a toda su actividad armada, y tras los pasos dados por el Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos (EPPK), cabría esperar algún cambio en una política penitenciaria durísima, muy alejada de las recomendaciones europeas en esta materia.

Pero no ha sido así. A pesar de los cambios ocurridos desde 2011 en el panorama político y social vasco, cada fin de semana las carreteras que surcan el Estado español siguen siendo recorridas por cientos de personas que, desde Euskal Herria, emprenden viajes que nunca hubieran hecho de no ser por la política de dispersión de presos y presas vascas. En ese obligado desplazamiento han muerto 16 personas y varias decenas han sufrido heridas y consecuencias graves en accidentes.

Además de los costes económicos hay que subrayar los emocionales. El paso de los años hace que muchos padres no puedan ya soportar los trayectos para visitar a sus hijos e hijas. Decenas de niñas y niños pierden semanalmente horas o días de ikastola para emprender ruta hacia unas visitas con las que mantener vivo el vínculo familiar.

La dispersión ha sido complementada por unas modificaciones específicas de la legislación y reglamentos penitenciarios que endurecen al límite las condiciones de cumplimiento de penas y que alargan la estancia en prisión.

Ante todo ello, Sare trabaja con el objetivo de lograr que cambie la situación. Pedimos la implicación y el compromiso de personas, entidades, instituciones y fuerzas políticas y sociales. Apelamos a despojar a la cuestión de ropajes e intereses políticos, pues así se enfocará en toda su crudeza como una cuestión que atañe a derechos básicos (derechos humanos, pero también derechos legales) de las personas presas y sus familiares. Queremos un clamor unitario.

Esta es una de las aspiraciones de Sare, red que pretende lograr el fin de la dispersión, y la derogación de toda la legislación excepcional que la envuelve y sustenta. En ese camino, es prioritario lograr la excarcelación de presas y presos gravemente enfermos, así como la de quienes cumplieron condenas en el Estado francés que el Estado español se niega a contabilizar pese a la directriz europea que así lo indica.

Sare ha abierto vías, caminos, relaciones amplias en este año y medio. Hay imágenes, como la del pasado mes de junio en el hotel Abando, que atestiguan que voces muy diversas respaldan nuestros objetivos y formas de trabajo.

Hemos constatado que, poco a poco, se van oyendo más opiniones que cuestionan esta política penitenciaria y la legislación y reglamentos excepcionales. Son pronunciamientos hechos en Euskal Herria, en el Estado español –incluso desde la propia Audiencia Nacional-, en el Estado francés (Declaraciones de Baiona y París, palabras de la ministra Taubira), y en instancias de la Unión Europea (iniciativa Free Otegi, Free Them All, y sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otras).

Pero la situación se prolonga y se agrava. El Gobierno español hace oídos sordos. Por eso se necesita un esfuerzo sostenido. Por eso saldremos a las calles de Bilbao y Baiona el próximo 9 de enero, con reivindicaciones muy claras, a las que esperamos se sumen muchas personas que, aún no compartiendo planteamientos ideológicos, sí son capaces de manifestarse ante esta sostenida vulneración de derechos, defendiendo que, para resolver las cuestiones pendientes, hace falta la modificación de situaciones excepcionales y diálogo en vez de sed de venganza.