La Red Ciudadana Sare, en su constante dinámica de activar a la sociedad en su conjunto, en aras de conseguir poner fin a la actual política penitenciaria que se aplica al colectivo de presos y presas vascos, consideró oportuno trasladar a personas vinculadas al ámbito jurídico un manifiesto, que es el que hoy les presentamos. En él que se recogen diferentes consideraciones ante la actual situación, agravada por la pandemia del COVID19
Queremos mostrar la denuncia, ante el dolor que por la actual situación están padeciendo muchos ciudadanos y ciudadanas vascas y sus familiares. Los primeros por estar encarcelados a cientos de km de sus casas; los segundos por estar obligados a viajes sin fin. La crueldad que todo esto evidencia solo puede sentirse como un castigo que no cesa. Se trata de exigir justicia y cumplimiento de la ley, porque ambas cosas se les está hurtando.
Son muchos años, celebrando una multitudinaria manifestación en el mes de enero y otras muchas actividades que SARE lleva a la práctica. Todas estas actividades han reunido a miles de personas y, a pesar de ello, esto no ha provocado más que mínimos cambios, apenas reseñables, por parte de las Instituciones del Estado. El manifiesto que hoy se presenta, se une a la movilización social y a las mayorías que exigen un cambio en la política penitenciaria tanto en los Parlamentos de Gasteiz e Iruña, o como en las JJGG o en innumerables aytos.
Este documento, al que se van a referir Iñaki Lasagabaster y Amaia Goirigolzarri a continuación, viene respaldado por más de 200 juristas de amplio espectro ideológico y geográfico. Juristas de todo el Estado, que quieren alzar su voz ante tal injusticia.
No se trata solamente de desconocer la voluntad de la ciudadanía, como comentaba Joseba, y de hacer caso omiso a sus peticiones, en una comprensión reducida de la idea de democracia, reducida al momento de la emisión del voto.
La mayor gravedad de la aplicación de esta política penitenciaria, si pudiéramos medirla, estaría en su ilegalidad y en su falta de respeto de los derechos fundamentales.
Y decimos bien: Ilegalidad y conculcación de los derechos fundamentales. Frente a la reivindicación democrática, se sitúa una actuación política que se limita a negar los derechos, inventándose, y quisiéramos subrayar esta palabra, inventándose requisitos para el cumplimiento de esos derechos que no están regulados en ninguna norma.
Desde el respeto a todas las víctimas de las violencias, sí que hemos de decir que eso no concede patente a ninguna asociación para condicionar la política que, en este caso, compete al Gobierno y en este sentido la política penitenciaria no debe olvidar la condición humana de las personas en prisión.
Nos preocupa cuando se habla desde algunas instancias de la política penitenciaria como si se hablara de política en abstracto, sin contextualizar ni los hechos que la caracterizan, como si las políticas pudieran hacerse en abstracto, y sin atender a las normas que las regulan. Empezando por este segundo aspecto, el manifiesto que les presentamos realiza las siguientes consideraciones:
La política no puede entenderse sin derechos, sin hablar de derechos, siendo necesario diferenciar ambos ámbitos. La política permite el ejercicio de derechos, por eso se actúa políticamente, con independencia del éxito que se tenga. Hay, por ejemplo, una política de medio ambiente, comercial, de horarios, ante esta pandemia podríamos decir, con medidas diversas y en relación con materias diversas, así como un régimen escolar o de reuniones familiares o de uso de mascarilla, etc. etc.
Cuando se habla de estas políticas, se habla y se piensa en los derechos que tienen los ciudadanos. Las políticas deben servir para llevar a la práctica los derechos, pero, a su vez, tienen los derechos como límite a su actividad.
Por eso, si se habla de política penitenciaria, en esta situación de pandemia, hay, también, unos derechos, que corresponden a las personas internas en prisión, derechos que no pueden desconocerse. La política penitenciaria no puede realizarse negando estos derechos y se está negando.
Quienes suscribimos este manifiesto de la Red Ciudadana SARE creemos que la Administración no puede decidir a su arbitrio la distribución de los condenados. Debe respetar determinados límites y obligaciones que la legalidad impone, en desarrollo del principio constitucional de la reinserción social al que deben estar orientadas las penas privativas de libertad. Y todo ello, porque el régimen de vida en prisión, tal como indica el art. 3.3 del Reglamento Penitenciario, ha de tomar como marco de referencia la vida en libertad, persiguiendo reducir al máximo los efectos nocivos del internamiento, favoreciendo para ello los vínculos sociales.
Ante la situación de alejamiento que sufren los presos y presas vascos, y también, sus familiares, debemos recordar que es la Ley Penitenciaria la que, en su art. 59.2, indica que el tratamiento pretende hacer del interno una persona con capacidad de vivir respetando la ley penal, y para ello se debe intentar desarrollar una actividad social en la prisión que propicie el respeto a uno mismo y la responsabilidad individual y social en relación a su familia. Y ello exige que las personas presas estén en cárceles cercanas a su entorno familiar. Y esto está reconocido también por el Convenio Europeo de DDHH.
Todas las normas internas y externas indican que el recluso retiene la titularidad de su derecho a la vida familiar, siendo condición o garantía de su desenvolvimiento el que sea destinado a una cárcel próxima al domicilio de su familia.
La muerte del preso Igor Gonzalez Sola, tal como indicamos en este manifiesto, nos invita a recordar otros derechos, que tampoco se les reconocen, como el derecho a la salud, el derecho a la progresión de grados y a otros beneficios penitenciarios, el derecho a acceder a la libertad condicional con determinadas situaciones de enfermedad, o el agravamiento de condenas, al no haberse procedido a la debida acumulación de las penas cumplidas en otros estados europeos.
Podríamos continuar reseñando más violaciones de derechos, que se agudizan en esta situación de confinamientos por la pandemia, pero consideramos suficiente lo dicho.
Nuestra preocupación actual, más directa y necesaria, es reclamar los seis puntos recogidos en este manifiesto.
1.- Fin de la política de alejamiento
2,- Que se decrete la libertad, con las medidas cautelares precisas, de las personas con enfermedades graves.
3.- Adopción de medidas para combatir la pandemia más respetuosas con los derechos fundamentales de las personas presas.
4.- Medidas favorecedoras del derecho a la vida familiar
5.- Agilización y se facilite los regímenes abiertos, cumplimientos domiciliarios y las libertades condicionales.
6.- Que se cumplan y respeten los derechos fundamentales de las personas internas en prisión.
