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Organizaciones sociales solicitan al Ministerio del Interior un plan de desescalada en prisión que garantice el cumplimiento de los derechos humanos
Hoy numerosas organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos han presentado ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias unas “Propuestas para la desescalada en el contexto de Covid-19 en las prisiones dependientes de la Administración General del Estado”. Desde las organizaciones que han impulsado este plan de actuación sostienen que “es necesario adoptar medidas para llevar a cabo el desconfinamiento en las cárceles y hacer un retorno a la ‘normalidad’”. Critican que, “aunque hace más de una semana que el Gobierno central aprobó las diferentes fases en que se haría el desconfinamiento, todavía no se ha publicado ninguna información específica sobre cómo se hará en los centros penitenciarios”.
Entre las medidas solicitadas se recoge el “mantenimiento de los terceros grados con control telemático, telefónico o personal con el objetivo de mantener la reducción de la población reclusa”. A este respecto, señalan que “hasta ahora esta medida se ha aplicado de manera efectiva y ha dado buenos resultados, tanto para la administración penitenciaria como para las personas privadas de libertad y sus familias”. No obstante, insisten en que es necesario la “ampliación de otras medidas para asegurar el refuerzo de cumplimiento en libertad o semilibertad”. Es urgente, apuntan, que de forma generalizada, “se adopten medidas tendentes a conceder regímenes abiertos y de detención domiciliarias para personas en régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, de mayores de 65 años, mujeres embarazadas o madres con hijos/as dentro de prisión, o de personas enfermas crónicas”. Igualmente, recomiendan, al igual que numerosas organizaciones internacionales, que se produzcan “progresiones a terceros grados para aquellas personas con condenas cortas o bien que ya estuvieran disfrutando de permisos antes del confinamiento así como a las personas que ya hayan cumplido las tres cuartas partes de su condena”.
Por otro lado, también señalan que es imprescindible “reactivar las actividades para iniciar el proceso de normalización de la vida en la prisión”. Tanto las actividades de tratamiento como las formativas o de derivación a recursos externos “deben comenzar a recuperarse en las cárceles por ser éstas actividades las que cumplen con el mandato constitucional de la pena privativa de libertad: la reinserción y resocialización de las personas presas”. En este punto, inciden en que es especialmente importante “recuperar el ritmo legal de celebración de Juntas de Tratamiento y, con ello, de adopción de acuerdos referentes a clasificación de las personas presas, concesión de permisos y salidas programadas”. Así mismo es fundamental “el restablecimiento de los permisos y salidas programadas dada la importancia que tienen dentro del tratamiento en general y para la concesión de más beneficios penitenciarios.”
Respecto a las medidas destinadas a la comunicación, las organizaciones que impulsan esta propuesta solicitan el “mantenimiento de las videollamadas con las familiares y personas próximas de las personas privadas de libertad así como el mantenimiento de las llamadas y de las llamadas extraordinarias acordadas durante el confinamiento”. De igual modo, apuntan que “es imprescindible que se elabore y ejecute un plan para el restablecimiento progresivo de las visitas de familiares en prisión”. Para poderlo realizar de manera acorde a la situación sanitaria actual solicitan que “se amplíen los días de visita de familiares para evitar que haya demasiadas personas esperando en las entradas de los centros penitenciarios” y que “se autorice a familiares y personas allegadas el desplazamiento para realizar visitas a los centros penitenciarios y que, en todo caso, haya coordinación con los cuerpos policiales para evitar que sean sancionadas”.
Por último, las organizaciones instan a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a que realice un “estudio de medidas para compensar el tiempo en que las personas presas no han podido participar en actividades y programas de tratamiento, asegurando así que la finalidad de la pena privativa de libertad tiene un sentido positivo”. De la misma manera, han solicitado que se lleva a cabo un “estudio de seroprevalencia que estime el porcentaje de personas privadas de libertad que ha desarrollado anticuerpos frente a la Covid-19”.
Organizaciones firmantes
Altsasu Gurasoak,
Asociación Libre de Abogadas y Abogados,
Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza,
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA),
Centre Irídia,
Comisión de Asesoramento Xurídico Penitenciario de Ourense,
Comision Legal Sol,
Etxerat,
Grupo Derechos Civiles 15-M Zaragoza,
Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense,
Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona,
Oteando,
Red Jurídica,
Salhaketa Araba,
Salhaketa Bizkaia,
Salhaketa Nafarroa,
Sare Herritararra – Red ciudadana Sare.
Denuncia de la gestión del coronavirus en las prisiones vascas y españolas
Salhaketa, Sare y Etxerat hacemos un llamamiento a agentes políticos, sociales y sindicales adherirse al manifiesto “Denuncia de la gestión del coronavirus en prisiones españolas” que hoy hacemos público.
Hoy, además, hemos ofrecido una rueda de prensa conjunta, on line, al objeto de ofrecer datos sobre la epidemia sanitaria en las cárceles, y de denuncia de la gestión de covid-19 en las prisiones españolas, incluidas aquellas cuya competencia de sanidad y seguridad depende del Gobierno Vasco, así como de la suspensión de derechos a las personas presas.
Éste es el extracto de las intervenciones:
Joseba Azkarraga (Sare);
En el caso de los presos y presas vascos, hay un alto porcentaje que cumplen las indicaciones de los organismos internacionales para que pudieran ser enviados a sus casas y poder estar cerca de los suyos. Son presos de edad avanzada; muchos de ellos con enfermedades graves y 161 de ellos, con más de 15 años de privación de libertad cumplida.
Volvemos a instar a Instituciones Penitenciarias, para que a los tres presos que recientemente se les ha progresado de grado, se unan todos aquellos que por el tiempo de condena cumplida, mas de las ¾ de su condena; o su situación de enfermedad grave, puedan ser progresados de grado y enviando a sus casas. Y que esta progresión a tercer grado, sea con la aplicación del art. 86.4, que en las actuales circunstancias no estarían obligados a volver a la prisión a pernoctar.
Urtzi Errazkin (Etxerat);
El paulatino reestablecimiento de la normalidad en las prisiones no debe marginar, otra vez, a los familiares de presas y presos políticos vascos, no debe sustentarse nuevamente en la excepcionalidad. No puede dejar de lado a los familiares de todos los presos alejados de sus entornos.
En esta desescalada que ahora comienza debe procederse, en cuanto sea posible, al acercamiento de las y los presos a Euskal Herria, pero sin dilaciones que obedezcan nuevamente a recetas del pasado, al mantenimiento de la excepcionalidad. Porque cuando, pasado este ciclo, que tan duro y difícil está siendo para todos y todas, la sociedad vasca camine hacia la normalización, debe hacerlo, de una vez por todas, sin lastres y sin sumar ya más sufrimiento.
César Manzanos (Salhaketa Araba);
Queremos hace hincapié en la actitud que ha mantenido el Gobierno Vasco, en tanto en cuanto tiene la competencia en materia de sanidad y seguridad en las cárceles en territorio de la CAV, en relación con la ocultación de datos y la no realización de pruebas que habrían hecho posible que se visibilice lo que estaba y está pasando en las prisiones con la cuestión de la transmisión de la epidemia.
Desde Salhaketa vamos a seguir desarrollando nuestro trabajo de coordinación en en Hego Euskal Herria con todo lo relacionado con el apoyo a las personas presas en esta situación de emergencia sanitaria y a las familias.
La Red Ciudadana Sare valora positivamente la noticia recibida sobre la concesión del tercer grado a Jagoba Codo, Fernando Alonso y Xabier Agirre
Desde Sare, aunque todavía está por ver cómo será su ejecución, queremos subrayar que se trata de una noticia positiva. Desde Sare llevamos tiempo reclamando una progresión de grado para los presos vascos hasta ahora bloqueada de forma generalizada, entendiendo que todo preso tiene derecho a esa progresión y que esa progresión es el paso y el camino que hay que tomar para poner en marcha en el proceso de vuelta a casa.
En este sentido, queremos señalar que, aún hoy en día, la mayoría de los presos y presas vascas no ha accedido a esta progresión de grados, pese a cumplir los requisitos. Por ello, ante esta noticia, solicitamos que se imponga al resto de presos vascos la posibilidad de realizar este camino y esperamos que el de hoy no sea un caso aislado para estos tres presos, sino los primeros indicios de los pasos que se van a dar para acabar con la legislación de excepción y aplicar la legislación ordinaria. Es hora de terminar con esta situación y poner en marcha el camino de los presos a su domicilio en el marco de la legislación correspondiente.
Teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, no queremos olvidar que ahora que Covid-19 ha entrado también en las cárceles, los presos vascos que se encuentran en condiciones especialmente vulnerables deberían estar cumpliendo en casa el correspondiente confinamiento, tal y como recomiendan desde la UE. En este sentido, informamos que desde Sare hemos solicitado directamente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que se establezca la aplicación de esta solicitud de acuerdo con el artículo 86.4, que permite el traslado de estos reclusos a sus viviendas, estableciendo las medidas de seguridad necesarias.
Entidades sociales siguen exigiendo al Ministro del Interior e Instituciones Penitenciarias la adopción de medidas respetuosas con los derechos de las personas presas
Entidades sociales siguen exigiendo al Ministro del Interior e Instituciones Penitenciarias la adopción de medidas respetuosas con los derechos de las personas presas
• Urge la excarcelación, entre otras, de personas mayores de 70 años, enfermas graves o con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas
• Se solicita, además, la adopción de medidas encaminadas a retomar la actividad dentro de las prisiones
Esta mañana, aprovechando la comparecencia del Ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, numerosas entidades sociales han hecho llegar a los Diputados y Diputadas un escrito con las medias que urge adoptar por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para hacer frente al Covid- 19 en las cárceles y garantizar el respeto a la dignidad y los derechos de las personas presas.
Esta petición, en parte, viene a reiterar la que ya realizaran el pasado día 23 de marzo a los distintos grupos políticos que componen la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, a través de la cual ponían en su conocimiento la situación en la que se encuentran las personas privadas de libertad durante la pandemia provocada por el Covid-19 y solicitaban la adopción de medidas respetuosas con los derechos de las personas presas.
Según indican las entidades, y a pesar de que entre personas presas y personal funcionario ya se contabilizan un millar en observación médica o cuarentena y 238 positivos en Covid-19, “ni el Ministerio del Interior ni la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados han prestado atención a la situación de las personas privadas de libertad, así como a sus familiares y allegadas” ni se han adoptado medidas acordes con los principios establecidos por los Organismos Internacionales. Todo ello a pesar de que incluso el Defensor del Pueblo Español haya declarado que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa para abordar el problema del Covid-19 en el medio penitenciario son “plenamente” compartidas por esa institución.
En cuanto a las medidas adoptadas hasta ahora por la Secretaría General se denuncia por parte de las entidades que “no se ha facilitado el acceso a los test a toda la población presa ni a todo el funcionariado de prisiones, no se ha diseñado ni aplicado un plan de actuación en materia preventiva y asistencial específico para las prisiones, no se ha reforzado la plantilla de personal sanitario ni se ha garantizado en todas las cárceles y a todas las personas presas los medios telefónicos y telemáticos imprescindibles para evitar las consecuencias de angustia y desinformación que viven las familias de las personas recluidas.” El protocolo aprobado en el día de ayer con MUFACE de hacer pruebas, muy tardío, solo servirá para el personal funcionario, no para las personas presas. Tampoco la adquisición de 200 terminales de móviles para 50.500 personas presas en el estado, sin contar Cataluña, sirven para el fin perseguido. El mismo número fue adquirido en Cataluña para las 8.500 personas privadas de libertad en sus cárceles.
Por último, y tras más de un mes de aislamiento, las entidades sociales evidencian la necesidad de revocar la situación creada en las cárceles desde el 12 de marzo y exigen que “se retomen, al menos y cuanto antes, las comunicaciones por cristales con las familias y personas allegadas adoptando las medidas sanitarias oportunas y autorizando los desplazamiento de las familias y personas allegadas a las cárceles”. Igualmente exigen se “retome la actividad dentro de las cárceles y con mayor necesidad aquellas dirigidas al tratamiento de adicciones, de la salud mental, el contacto para derivaciones a comunidades terapéuticas o pisos de acogida… por ser éstas actividades las que dotan de fundamento a la pena privativa de libertad según lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución.”
Así mismo se recuerda que el Estado Español se encuentra entre los países con una de las mayores tasas de encarcelamiento de Europa occidental y con una de las medias de privación de libertad más elevadas de todo el continente europeo y donde el número de profesionales de la sanidad es muy inferior al necesario para dar una correcta atención médica dentro de las cárceles tal y como han reconocido tanto la propia Secretaría General como el Ministerio del Interior.
Organizaciones firmantes:
1. Asociación Libre de Abogadas y Abogados,
2. Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza,
3. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía,
4. Centre Irídia,
5. Comisión de Asesoramento Xurídico Penitenciario de Ourense,
6. Comision Legal Sol,
7. Etxerat,
8. Grupo Derechos Civiles 15-M Zaragoza,
9. Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense,
10. Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona,
11. Oteando,
12. Red Jurídica,
13. Salhaketa Araba,
14. Salhaketa Bizkaia,
15. Salhaketa Nafarroa,
16. Sare Herritararra - Red ciudadana Sare.
Entidades sociales instan a la sociedad Navarra a exigir al Gobierno de España un plan de medidas en política penitenciaria
Salhaketa Nafarroa, Etxerat, Altsasuko Gurasoak y Sare Herritarra han hecho público esta mañana un manifiesto en el que apelan “al conjunto de la ciudadanía de Navarra, a todas las instituciones, agentes sociales, sindicales y políticos para que se unan en la exigencia al Gobierno de España a que con urgencia diseñe y ejecute un plan de medidas en política penitenciaria que dé cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la OMS y el CPT del Consejo de Europa”.
El pasado día 12 de marzo la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidió aislar sus cárceles, permitiendo el acceso a las mismas solo a personal funcionariado de prisiones. Desde entonces más de 70 organizaciones sociales de todo el Estado Español han venido reclamando, entre otras medidas, la excarcelación de personas presas como mejor y única medida para prevenir los contagios por covid-19 en las cárceles y para garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas presas.
Las entidades sociales apuntan que “si bien en muchos Estados se han articulado medidas para liberar a decenas de miles de personas encarceladas” se lamentan de que esta no es la medida adoptada por el Gobierno del Estado Español: “Aquí, la única medida que se ha adoptado en política penitenciaria ha sido el aislamiento de las cárceles lo que en la práctica se ha traducido en la restricción de la comunicación de las personas presas con su entorno familiar y afectivo y la eliminación de cualquier tipo de actividad en el interior, incluso de las actividades tratamentales.”
Por ello, desde Salhaketa Nafarroa, Etxerat, Altsasuko Gurasoak y Sare Herritarra, hacen un llamamiento al conjunto de la ciudadanía de Navarra, a todas las instituciones, agentes sociales, sindicales y políticos para que se adhieran al manifiesto en el que se exige al Gobierno del Estado Español la excarcelación de las personas presas siguiendo las recomendaciones efectuadas por la OMS y el CPT del Consejo de Europa, se garantice la comunicación de las personas presas con familiares y personas allegadas así como el restablecimiento de las visitas con las personas presas y de las actividades dentro de las cárceles.
“Es cuestión de voluntad política”, señalan, “y vivimos un tiempo en el cual más si cabe que nunca la voluntad política tiene que estar al servicio de la salud y la vida del conjunto de la ciudadanía. También de las personas presas.”
DESCARGAR EL MANIFIESTO:
>VOLUNTAD POLÍTICA AL SERVICIO DE LA SALUD Y LA VIDA DE LAS PERSONAS PRESAS
SARE ante la pandemia en las prisiones
La Red Ciudadana SARE, en el inicio de esta pandemia, señaló su preocupación por los problemas que derivados del Covid-19 podían producirse en el interior de las prisiones.
Hacíamos mención entonces a las recomendaciones que diferentes instituciones europeas estaban trasladando a los gobiernos y a los estados, pidiendo la excarcelación de aquellos presos y presas con edades avanzadas, enfermedades graves o que ya han cumplido una parte importante de sus condenas. Se consideraba que las prisiones no eran el lugar más adecuado para poder enfrentarse a una pandemia de estas características.
Pues bien, al Gobierno español y a su Justicia, de nada le ha servido que Naciones Unidas o el Consejo de Europa hayan instado a tomar medidas ni que países como Reino Unido o Catalunya hayan decidido poner en libertad a un número importante de personas presas, para que puedan cumplir el confinamiento en sus casas.
A pesar de la opacidad que el Gobierno español mantiene sobre lo que está pasando en las prisiones, estamos en condiciones de denunciar que el virus ha entrado con fuerza en ellas, y que prisiones como Picassent, Brieva, Córdoba o Estremera, donde hay un numero importante de presos y presas vascos, se encuentran conviviendo con el Covid 19.
Hoy la población reclusa en general se encuentra totalmente aislada del mundo exterior, sin comunicaciones ordinarias ni extraordinarias. Pero los presos y presas vascos lo viven más duramente desde la imposibilidad de hacer uso de las videollamadas a sus familiares, añadiendo una angustia mutua sobre su estado de salud.
Es aún más impactante para los más de 100 niños y niñas “de la motxila”, cuyos padres o madres, o ambos, se encuentran encarcelados a cientos de kilómetros de sus casas. Si en circunstancias normales les supone un gran sacrificio recorrer tan largas distancias, pero la satisfacción de reconocerse, hoy el corte de las comunicaciones presenciales o el impedimento de utilizar las videoconferencias les deja huérfanos temporalmente. Es una inútil crueldad y un doble confinamiento mutuo.
Tienen que acabarse estas legislaciones de excepción que convierten a estas personas presas en objeto de venganza.
Pero a pesar de esta situación, desde SARE queremos mirar el futuro próximo con esperanza. Cuando oímos expresiones en los medios de comunicación, referidas al Covid 19, como “!Saldremos de ésta!”, queremos compartirla pero ¡ojalá¡ lo hagamos, además, con la actitud de construir solidaridad y convivencia.
Se trata de comprometernos a trabajar en el objetivo de exigir el fin de la política de alejamiento, que posibilita, entre otras cosas, que un número relevante de niños y niñas, sigan recorriendo mañana miles de kilómetros para poder abrazar a su familia durante unos minutos.
Ante esta situación, exigimos una vez más la puesta en libertad de los presos gravemente enfermos y de quienes cuentan con edades avanzadas, así como de aquellos que han cumplido ya, desde hace tiempo, las ¾ partes de condena.
Desde Sare, queremos compartir la siguiente lectura ante la negativa de los Gobiernos a, tal y como han pedido diversos organismos internacionales, liberar a los presos y presas de edades avanzadas y/o enfermedades graves:
Ni el Gobierno, ni la Justicia española, pueden continuar funcionando, como si los llamamientos realizados por diversos organismos internacionales, a la puesta en libertad de presos y presas, con enfermedades graves; o presos con edades muy avanzadas o con largos años de prisión a sus espaldas, no fuera con ellos.
La Comisaria de DDHH del Consejo de Europa o la Alta Comisionada de Naciones Unidas, han pedido a los Gobiernos, que con premura, pongan en libertad a estos presos y presas, ante la grave situación creada por la pandemia del Coronavirus. Y además lo hagan sin crear excepcionalidades en la aplicación de estas medidas.
El virus ha comenzado ya a entrar en las prisiones. Las medidas de precaución que se pueden mantener en libertad, no son las mismas que pueden aplicarse en espacios masificados de personas y donde las medidas de precaución son imposibles de mantener. Tampoco las medidas de atención sanitarias en las prisiones, son las mínimas imprescindibles para hacer frente a esta situación.
Países como Reino Unido, así lo han entendido y han comenzado a poner en libertad a un numero importante de presos y presas. El Gobierno y la Justicia española, no pueden ser ajenos a estas decisiones y deben de hacerlo, antes de que en las prisiones se produzca una verdadera tragedia.
Desde la Red Ciudadana SARE, queremos dirigirnos al Gobiernos español y francés, pero también, a las instituciones vascas y a los hombres y mujeres de Euskal Herrria.
No permitamos que estas medidas que deben tomarse de inmediato, sean aplicadas, una vez más, excluyendo a los presos y presas vascos.
El régimen de excepcionalidad a la que están sometidos, no puede, también, aplicarse a su condición de persona con pleno derecho a la salud y a un trato digno.
Los alrededor de 240 presos, repartidos en más de 40 prisiones del Estado, y 10 prisiones francesas, no pueden ser una excepción en la aplicación de cualquier medida que sea necesaria para evitar esta tragedia dentro de las prisiones.
– Hay cerca de 40 presos, que tienen entre 60 y 70 años.
– Dieciocho, con enfermedades graves incurables.
– De estos 237 presos, 53, llevan cumplidos más de 20 años de privación de libertad.
– Y 158, más de 15 años de privación de libertad.
– Además, más de 75 presos y presas, tienen ya cumplidas las ¾ de su condena y deberían estar en libertad condicional, a través de la progresión a tercer grado penitenciario.
Reiteramos: hagan algo, pero háganlo ya. Antes de que sea demasiado tarde. Entonces ya no servirán los lamentos. Entonces se habrá cometido una gran irresponsabilidad.
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OPINIÓN | El derecho a la salud de las personas presas en grave riesgo #DíaMundialdelaSalud
Día Mundial de la Salud: Covid19 en las prisiones
2020.03.27 |Entrevista a Joseba Azkarraga en RADIO POPULAR
NOTA EN RELACIÓN CON LIBERTAD CONDICIONAL DEL PRESO VASCO GORKA FRAILE
La libertad condicional del preso vasco Gorka Fraile es una buena noticia y camina en la dirección que desde SARE venimos insistiendo. [NOTA] Leer aquí
Ahora más que nunca, ¡Presxs gravemente enfermxs a CASA!
[REPORTAJE] Día Mundial de la Salud, nada que celebrar para los presos y presas vascas
Desde Sare, Joseba Azkarraga apunta que la irrupción del Covid-19 ha dejado en stand-by iniciativas que pueden tener importante recorrido en este problema.
OPINIÓN | El derecho a la salud de las personas presas en grave riesgo
Los firmantes de este artículo acudimos los días 10 y 11 de marzo, en representación de SARE, a entrevistarnos con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Fueron reuniones cordiales en las que se nos oyó y escuchó. Nuestro mensaje quiso ser una llamada de atención sobre la situación de emergencia de presos y presas vascos en relación a la enfermedad, el alejamiento y la progresión de grado. La gravedad de la situación causó preocupación en nuestros interlocutores.
En esos días ya se extendía la pandemia por Madrid y se iba haciendo viral el término de “colectivos de riesgo” entre los que se señalaba como especialmente vulnerables a las personas mayores. Pues bien las personas en prisión tienen todos los boletos: edades avanzadas, enfermedades muy graves, alejamiento familiar, opacidad de la información…y ahora en una cuarentena convertida en confinamiento por duplicado.
Esta semana del Día Internacional de la Salud (el 7 de abril) invita a recordar esta situación. El derecho a la salud es el derecho a la vida también de las personas en prisión. La prisión dificulta enormemente el debido tratamiento médico y acorta la esperanza de vida de las personas gravemente enfermas, vulnerando el derecho a cumplir condena en su domicilio en esas circunstancias.
Solamente exigimos que se cumpla la ley evitando muertes en prisión. No lo permite el Derecho, como tampoco permite, por radicalmente injusta, la crueldad de Estado.
Exigir el derecho universal e irrenunciable a la salud de las personas en prisión es una responsabilidad colectiva, una parte del cuidarse mutuamente que ha sido sano leit motiv en la pandemia, y es requerimiento de una sociedad democrática.
Las queremos vivas y en casa.
Joseba Azkarraga, Iñaki Lasagabaster y Ramón Zallo
Red Ciudadana Sare
NOTA EN RELACIÓN CON LIBERTAD CONDICIONAL DEL PRESO VASCO GORKA FRAILE
La libertad condicional del preso vasco Gorka Fraile es una buena noticia y camina en la dirección que desde SARE venimos insistiendo.
Gorka Fraile ha estado disfrutando de diversos permisos penitenciarios y, con su acceso al tercer grado, se ha posibilitado su libertad condicional, según auto del JCVP.
Gorka Fraile es el único preso vasco, de los 237 repartidos en diferentes cárceles de España y Francia, que se encontraba en tercer grado penitenciario, mientras el 80,5% continúan en primer grado, a pesar de que una gran parte de ellos tiene ya cumplidas las ¾ partes de su condena, y debieran de estar en tercer grado penitenciario.
Esperamos que el paso dado con Gorka Fraile no se convierta en una anécdota y que, por el contrario, se comience a aplicar una política penitenciaria diferente, donde el humanismo sea la regla de funcionamiento hacia un colectivo que lleva padeciendo la vulneración de sus derechos más de tres décadas.
NOTA IBON FERNANDEZ IRADI
Con motivo de la sentencia contra la libertad de Ibon Fernández Iradi, Sare quiere transmitir su malestar e indignación. La sentencia de seguir en prisión con la enfermedad que padece Ibon, ¿qué significa? ¿Que Ibon tiene que estar en la cárcel hasta que su muerte sea inminente? La sociedad vasca, los sindicatos y la inmensa mayoría de los partidos políticos han coincidido en señalar una y otra vez, que Ibon debe estar en la calle. Ibon debe estar en casa para ser atendido de forma digna, con el seguimiento de sus médicos de confianza y el apoyo de los suyos, y no ser excarcelado en vísperas de su muerte. Por eso, porque Ibon debería estar en la calle, hoy hemos convocado una concentración en Lasarte a las 20:00 en la plaza Okendo.
Por otra parte, dada la información errónea que se ha difundido desde esta mañana en diversos medios de comunicación, queremos hacer una aclaración, a pesar de que los miembros de Lasarte del PSE ya han rectificado a través de sus redes:
• El ataque denunciado ayer por el PSE contra su sede de Lasarte no tiene nada que ver con las movilizaciones y demandas de Sare respecto a Ibon Fernández Iradi.
• Nosotros, como veníamos haciendo hasta ahora, estamos convocando movilizaciones basadas en consensos y trabajamos para seguir construyendo puentes entre todos y todas, por eso, llamamos a todo aquel que esté a favor de la convivencia y la paz y de la libertad de Ibon a acudir a la concentración de esta tarde.
