Movilizaciones en Bilbo e Iruña para denunciar la política de excepción que afecta de manera negativa a la salud de los y las presas vascas en el Día Mundial de la Salud.

Esta semana se cumple un año desde que ETA dio por finalizado su desarme gracias a la implicación de la sociedad civil. Hoy, 7 de abril, Día Mundial de la Salud, queremos manifestar, que existen dos factores fundamentales que inciden principalmente en la salud de las personas presas:

• La política penitenciaria de excepción que se aplica a los y las presas vascas: el aislamiento, el alargamiento de las condenas y la política de alejamiento crear situaciones de estrés, ansiedad, dificultades para relacionarse, problemas psicológicos… En el caso de los y las presas enfermas, estas políticas de excepción suponen un gran obstáculo para poder hacer frente a la enfermedad, ya que, el/la enfermo/a no dispone del apoyo de sus familiares y amigos/as, ni de condiciones de vida dignas ni del tratamiento de su enfermedad con un médico de confianza.

• Las condiciones sanitarias de los propios centros penitenciarios: tanto la cárcel como institución, como la actitud y falta de medios de los profesionales de la salud de los centros, influyen de manera negativa en la salud de los y las presas y no permite que se facilite una asistencia sanitaria adecuada. La salud es un derecho fundamental de todas las personas, también de las personas presas. No podemos permitir que bajo la escusa de la seguridad se vulneren los derechos de los y las presas vascas y se sigan aplicando estas medidas de excepción.

Hemos sido testigos de las consecuencias más graves y dramáticas de esta política: los presos que han perdido la vida en la cárcel, muertes que podían haberse evitado, como es el caso Xabier Rey. Hoy por hoy son 22 los presos gravemente enfermos. Sare tiene claro que si no hacemos desaparecer esta política de excepción tendremos que seguir afrontando situaciones extremas como estas. o la lista actual de presos y presas con graves enfermedades. Está claro que hasta que esta política de excepción no desaparezca y se aseguren íntegramente todos los derechos a la salud, tendremos que seguir viendo y viviendo sus consecuencias. Es imprescindible acabar con las medidas excepcionales que se aplican a este colectivo y en consecuencia que el derecho a la salud esté por encima de cualquier otro argumento de seguridad.

Necesitamos por ello la implicación y ayuda de todos los agentes sociales, sindicales y políticos para pedir, que de una vez por todas, se respeten los derechos humanos de las personas presas, porque la cárcel también forma parte de nuestra sociedad. Entre todos/as y con el impulso de todos/as conseguiremos que se respeten los derechos de los y las presas vascas y así avanzar en pro de la resolución y la paz.

El inminente 4º aniversario de Sare es un buen momento para la reflexión, para el agradecimiento y la definición de nuevos objetivos.

La Red Ciudadana Sare ha realizado una rueda de prensa en su sede de Gasteiz, para anunciar la Asamblea General Anual que el 24 de marzo se celebrará en la Sala Barriola del Aulario de Ibaeta (Donostia) y en la que, junto a miembros de Sare todo hegoalde, analizarán el año pasado y definirán las iniciativas y dinámicas del nuevo curso. Y para compartir con los medios de comunicación y con la ciudadanía la gravedad de las políticas de alejamiento y sobre doto de las políticas de aislamiento a los que son sometidos los y las presas vascas y que acarrean consecuencias de extrema gravedad, como por desgracia se pudo comprobar la pasada semana con la muerta de Xabier Rey en Puerto de Santa María.

En este sentido, Sare ha denunciado la decisión del Estado de denegar el traslado al segundo grado de los presos y presas vascas, recordando que es precisamente esa situación de primer grado (excepcional y temporal) la que posibilita medidas de excepción como el alejamiento y el aislamiento que han llevado hasta el extremo a Xabier Rey.

Joseba Azkarraga, portavoz de Sare, ha querido subrayar que el 94% de los y las presas vascas se encuentra en este primer grado “desde el momento que pisan la prisión, hasta que sale en libertad, con la condena íntegramente cumplida” y que esta situación es “una situación momentánea en el caso de la población reclusa general”, con solo el 1,5% en primer grado.

Azkarraga además, ha recordado que ante la trágica muerte de Rey, es importante e imprescindible poner sobre la mesa la realidad que otros 33 presos y presas están viviendo en estos momentos, que al igual que Xabier Rey, están alejados a cientos de kilómetros de sus seres queridos y se encuentran en régimen de aislamiento, cumpliendo una doble condena dentro de la misma prisión.

Joseba Azkarraga y Bego Atxa han querido subrayar también la peculiaridad de la situación de las mujeres presas en el Estado español, ya que, 12 de ellas están repartidas en 12 prisiones, solas, sin ninguna compañera.

La Red Ciudadana Sare ha querido acabar recordando los pasos dados por parte del colectivo de presos en los últimos años y la falta de respuesta obtenida por parte del Estado español. “Cuando el Colectivo de presos vasos ha hecho caso a las directrices marcadas por Instituciones penitenciarias, todas las peticiones de cambio de grado o cambio de prisión, han sido rechazadas con el argumento de que mientras ETA no se disuelva, no se tendrán en cuenta. Estas exigencias, que cada vez van a más, por parte del Estado se están convirtiendo en excusas para justificar su inacción y no hacen más que perpetuar una situación de dolor y de conflicto, que desde hace ya años quiere superar este pueblo. Y no solo eso, hoy se les plantean nuevas exigencias, para que el Gobierno cumpla su propia legislación. Exigencias, no están recogidas en ninguna normativa, ley o reglamento para cumplir su propia legislación que por derecho ya se les debería aplicar. Porque un Estado que se denomina democrático no puede aplicar la justicia según le plazca, con motivaciones partidista ni vengativas, y no puede saltarse sus propias leyes que son, junto a la sociedad civil, el único mecanismo de control del poder”

En este sentido, Sare vuelve a pedir poner fin al incumplimiento constante que el Gobierno español hace de su propia legislación y de la europea. “La muerte de Xabier Rey, tiene unas causas objetivas. Es la inhumanidad de un sistema penitenciario que persigue el aniquilamiento de la persona, incluso hasta inducirla a la muerte”.

Azkarraga ha finalizado la rueda de prensa asegurando que Sare, en su III Asamblea General que celebrará el próximo fin de semana, dará cumplida respuesta, con propuestas concretas, a esta situación.

La Red Ciudadana Sare quiere compartir la realidad que viven las mujeres presas este 8 de marzo.

Las mujeres presas, por el mero hecho de ser mujer, sufren un castigo añadido, que desde Sare queremos dar a conocer y denunciar. La cárcel es un entorno creado desde el punto de vista del hombre y para el hombre. Así lo demuestra el día a día al que deben enfrentarse las presas: la distribución de los espacios, los talleres que se organizan y estás a disposición de las presas, el reglamento sobre la forma de vestir, etc.

Reflejo de esta realidad y del carácter machista de las prisiones y sus directivas, es la situación que han vivido desde hace unos meses las presas de la cárcel de Granada, obligadas a realizar trabajos de limpieza, al contrario que sus compañeros hombres. El rechazo por parte de las presas a esta nueva obligación supuso su ingreso en aislamiento.

Las mujeres presas estas divididas en tres clases de cárceles: en pequeños módulos adaptados dentro de las cárceles para hombres, en pequeñas cárceles adaptadas dentro de macro-cárceles para hombres y en cárceles para mujeres. Hoy por hoy solo existen tres cárceles para mujeres (Alcalá de Guadaira –Sevilla-, Brieva –Ávila- y Alcalá Meco mujeres -Madril I-).

Esta realidad es un añadido a las condenas impuestas, ya que, endurece el día a día de las presas, sin responder a las necesidades que tienen como mujer. Por ejemplo, la falta de un área de ginecología en las cárceles o la venta única y exclusivamente de productos para hombres en el economato (sin opción a comprar tampones o compresas, entre otros productos necesarios). También tienen dificultades para recibir la visita del médico.

Además, la política de prisiones tiene como objetivo la reeducación de la mujer unido a los roles de género y las normas y los talleres de las prisiones responden a este objetivo. Así lo demuestran, por ejemplo, los talleres para mujeres: peluquería, cocina, costura, etc.

Pero este 8 de marzo queremos poner especial atención en la situación que viven 12 presas vascas en el Estado español: Beatriz Etxeberria, Ana Belen Egues, Oskarbi Jauregi, Itziar Alberdi, Josune Oña, Irantzu Gallastegi, Oihane Bakedano, Olga Comes, Ainhoa Garcia, Lola Lopez, Josune Arriaga y Maria Lizarraga se encuentran dispersadas en 12 cárceles solas, sin ninguna compañera. En el caso de Maria Lizarraga la situación es aún más extrema, ya que se encuentra, no solo sin compañeras, sino que también sin contacto con ninguna otra presa, saliendo sola incluso al patio. Estas presas cumplen un triple castigo, la condena judicial aplicada por los tribunales, la condena añadida con las medidas de excepción por ser presas vascas y la condena moral por ser mujeres. En el caso de María, también una pena que la aísla socialmente privándola de toda relación. Esta situación de aislamiento acarrea consecuencias negativas en el ámbito social y psicológico y solo se puede entender como un método de venganza.

Hallán el cadaver de Xabier Rey Urmeneta en su celda de la prisión de Puerto III, alejado a más de 1000km de su casa.

Hoy, en esta rueda de prensa, hemos querido comparecer juntas personas que nos dedicamos a la abogacía y a la sanidad para adherirnos a la manifestación convocada por la Red Ciudadana SARE para el día 13 de enero en Bilbao en la idea de dar un paso más en el camino de la resolución, la paz y la convivencia.

Desde profesiones distintas compartimos principios elementales que son los que hacen avanzadas a las sociedades: la defensa de la vida y la integridad física de las personas; el sentido de humanidad y de dignidad en la gestión de la sociedad; y el uso de la legalidad para la vida buena colectiva.

Desde esos principios, quienes somos juristas y propugnamos un Derecho basado en los derechos humanos para que sean posibles la Justicia y la Democracia, exigimos que se acabe ya con el uso y abuso vengativo de la ley como arma política para causar daños añadidos a las personas presas y a sus entornos familiares.

Y eso ocurre con una legislación excepcional pensada para alargar penas ya cumplidas o impedir el acceso a grados.

Y eso también ocurre con una política penitenciaria cruel y endurecida.

Por una parte, mantiene en la cárcel a personas presas gravemente enfermas o de edad avanzada abocándoles a una muerte rápida cuando no inminente; y, por otra, aleja a la población reclusa de su entorno familiar, dificultando fortalecer los lazos que contribuyan a su futura reintegración y castigando a la propia familia a desplazarse centenares de kilómetros, regularmente y durante años, sufriendo así también condena sin haber cometido delito alguno.

Esa política de alejamiento que convierte en irrealizables en muchos casos, las visitas, especialmente cuando se trata de personas mayores o de niños de corta edad, contradice las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pero también la propia legislación española.

Así el artículo 1º y principal de la propia Ley General Penitenciaria de 1979 dice que las instituciones penitenciarias “tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados. Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda para internos y liberados”.

Como se puede comprobar, el modo de aplicarla a las personas recluidas por motivos políticos es justo al revés: la retención no solo está por encima de cualquier finalidad de reinserción, sino que ésta y la finalidad asistencial son flagrantemente conculcadas. El famoso imperio de la ley es solo un eslogan hueco de las autoridades políticas, judiciales y penitenciarias para presos y presas vascas.

Desde aquellos mismos principios, quienes somos profesionales de la SANIDAD, no aceptamos que una legislación de excepción, alejada de los derechos humanos, se traduzca en que el derecho a la salud y el acceso a la sanidad se discriminen en función del delito o la pena de las personas encarceladas.

Y eso ocurre cuando se fija el lugar de reclusión al margen de los cuidados que requieren las enfermedades graves o incurables, o cuando no se excarcela a quienes están en situaciones límite para que puedan ser tratadas fuera de la prisión. Condicionar esa libertad a un fallecimiento inminente es tan despreciable como ajeno al común de las leyes europeas al respecto.

Además, se contradice el art 3.4 de la propia Ley General Penitenciaria cuando dice que “La Administración penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos”, cosa que no ocurre cuando la vida se subordina a la condena.

Seis años después, de la decisión de ETA de abandonar la violencia y meses después de su desarme, no podemos admitir ni entender, que los poderes públicos de España y Francia vulneren claramente derechos de presos y presas vascas, con una actitud decepcionante y preocupante de bloqueo. El nuevo tiempo en el que nos encontramos, tras décadas de violencia, de muchas violencias y sufrimientos, requiere una nueva forma de mirar al futuro. Este tiempo nuevo, en el que nos encontramos, exige que prevalezcan la equidad y la justicia sobre el odio y el rencor.

Como juristas y como profesionales de la sanidad, pero sobre todo como ciudadanos y ciudadanas vascas, que queremos una sociedad mejor para nuestros hijos e hijas, no podemos sentirnos ajenos a algo tan básico e irrenunciable como es la vigencia de los derechos humanos para todas las personas. También, y en este caso en especial, para las que se encuentran privadas de libertad.

Porque nos une la defensa de los derechos humanos, siendo el primero de todos el derecho a la vida, pero también el derecho a la salud y a la calidad de vida, nos dirigirnos al conjunto de la sociedad vasca -que siempre ha dado sobradas muestras de compromiso y solidaridad por encima de adscripciones ideológicas- para que acuda el 13 de enero en Bilbo, al llamamiento de la Red Ciudadana SARE por razones humanitarias y también para exigir la aplicación justa del derecho justo.

Sare ha convocado hoy una concentración frente a la Delegación del Gobierno para denunciar una vez más la, cada vez mas grave situación de Ibon Iparragirre y pedir su inmediata excarcelación. Junto a Sare, han participado en la concentración todos los sindicatos del ámbito laboral vasco (Etxalde, EHNE, ESK, Steilas, UGT, CCOO, LAB, ELA), junto a Etxerat, Iparra Galdu Baik y los familiares de Ibon. Las asociaciones y sindicatos han realizado sus aportaciones durante la concentración

Joseba Azkarraga, portavoz de Sare ha agradecido a los asistenten y sobre todo a los sindicatos su aportación en este ámbito. Además, ha añadido que a Ibon se le juzgó para quitarle la libertad, no para quitarle su derecho a la salud ni su derecho a la vida, por lo que “Ibon debe ser excarcelado de inmediato”.

El fallecimiento de la presa vasca Belen Gonzalez Peñalva, es un claro ejemplo de las consecuencias de una política penitenciaria basada en la venganza y el odio.

Belen Gonzalez Peñalva, tras más de ocho años luchando contra su enfermedad y sin haber recobrado su total libertad, ha fallecido hoy.

Desde un punto de vista estrictamente democrático, resulta incomprensible que tras más de seis años desde la decisión de ETA de abandonar su actividad armada, y tras su posterior desarme, la actitud del Gobierno español, se mantenga en parametros de inflexibilidad que traspasan las lineas de un estado, que dice ser democrático y de derecho.

La existencia de un cada vez mayor número de presos gravemente enfermos, a los que se les niega la libertad, incluso atenuada en su domicilio, nos está acercando a que en cualquier momento el numero de presos vascos muertos en prisión, continúe aumentando.

Hoy ha muerto Belen. Mañana puede ser Ibon Iparagirre o Manu Azkarate, o cualquier otro el que incrementen esa macabra lista. No podemos permitir que las medidas de excepción se conviertan en una condena a muerte, no podemos permitir que se lleve a lxs presxs vascos a tales extremos.