Joseba Azkarraga y Teresa Toda, portavoces de Sare

Mucho se ha hablado en la sociedad vasca, durante las últimas semanas, de sufrimientos, de víctimas, de memoria, de reparación. Se han hecho propuestas, se han celebrado memoriales, se han desarrollado encuentros y actos oficiales. Ha habido gestos de reconocimiento, necesario y merecido, a familiares y víctimas directas de violencias sufridas durante las últimas décadas en nuestra tierra.

Pero no todas las voces se han podido oír con la misma intensidad, ni todas las víctimas han sido igualmente reconocidas. Apenas han encontrado lugar aquellas personas que siguen padeciendo, hoy en día, las consecuencias de una política penitenciaria anclada en el pasado y que genera sufrimiento, dolor e injusticias sobre las personas presas y, especialmente, sobre sus allegados.

Cuatro años después de la declaración de ETA poniendo fin a toda su actividad armada, y tras los pasos dados por el Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos (EPPK), cabría esperar algún cambio en una política penitenciaria durísima, muy alejada de las recomendaciones europeas en esta materia.

Pero no ha sido así. A pesar de los cambios ocurridos desde 2011 en el panorama político y social vasco, cada fin de semana las carreteras que surcan el Estado español siguen siendo recorridas por cientos de personas que, desde Euskal Herria, emprenden viajes que nunca hubieran hecho de no ser por la política de dispersión de presos y presas vascas. En ese obligado desplazamiento han muerto 16 personas y varias decenas han sufrido heridas y consecuencias graves en accidentes.

Además de los costes económicos hay que subrayar los emocionales. El paso de los años hace que muchos padres no puedan ya soportar los trayectos para visitar a sus hijos e hijas. Decenas de niñas y niños pierden semanalmente horas o días de ikastola para emprender ruta hacia unas visitas con las que mantener vivo el vínculo familiar.

La dispersión ha sido complementada por unas modificaciones específicas de la legislación y reglamentos penitenciarios que endurecen al límite las condiciones de cumplimiento de penas y que alargan la estancia en prisión.

Ante todo ello, Sare trabaja con el objetivo de lograr que cambie la situación. Pedimos la implicación y el compromiso de personas, entidades, instituciones y fuerzas políticas y sociales. Apelamos a despojar a la cuestión de ropajes e intereses políticos, pues así se enfocará en toda su crudeza como una cuestión que atañe a derechos básicos (derechos humanos, pero también derechos legales) de las personas presas y sus familiares. Queremos un clamor unitario.

Esta es una de las aspiraciones de Sare, red que pretende lograr el fin de la dispersión, y la derogación de toda la legislación excepcional que la envuelve y sustenta. En ese camino, es prioritario lograr la excarcelación de presas y presos gravemente enfermos, así como la de quienes cumplieron condenas en el Estado francés que el Estado español se niega a contabilizar pese a la directriz europea que así lo indica.

Sare ha abierto vías, caminos, relaciones amplias en este año y medio. Hay imágenes, como la del pasado mes de junio en el hotel Abando, que atestiguan que voces muy diversas respaldan nuestros objetivos y formas de trabajo.

Hemos constatado que, poco a poco, se van oyendo más opiniones que cuestionan esta política penitenciaria y la legislación y reglamentos excepcionales. Son pronunciamientos hechos en Euskal Herria, en el Estado español –incluso desde la propia Audiencia Nacional-, en el Estado francés (Declaraciones de Baiona y París, palabras de la ministra Taubira), y en instancias de la Unión Europea (iniciativa Free Otegi, Free Them All, y sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otras).

Pero la situación se prolonga y se agrava. El Gobierno español hace oídos sordos. Por eso se necesita un esfuerzo sostenido. Por eso saldremos a las calles de Bilbao y Baiona el próximo 9 de enero, con reivindicaciones muy claras, a las que esperamos se sumen muchas personas que, aún no compartiendo planteamientos ideológicos, sí son capaces de manifestarse ante esta sostenida vulneración de derechos, defendiendo que, para resolver las cuestiones pendientes, hace falta la modificación de situaciones excepcionales y diálogo en vez de sed de venganza.