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L’Estaca | Olivier Peter y Oscar Sanchez Setién
Cantaba Lluis Llach «Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar, segur que tomba, tomba, tomba…». Seguro que la canción se dejó oír entre las multitudes que una vez más llenaron las calles de Bilbo para tirar todos juntos hasta que caiga el muro de la dispersión.
La calle, espacio de lucha imprescindible, convive con otros donde se trabaja a diario para que los presos y presas políticas vuelvan a casa, como por ejemplo el ámbito jurídico. Un trabajo que parece darle mucho miedo a los enemigos de los derechos humanos, como demuestra el hecho de que en los macro sumarios en Madrid a parte de condenar a inocentes se detiene también a sus abogados.
Las detenciones de los abogados así como la represión brutal contra toda expresión de solidaridad hacia los presos y presas, demuestran que esperar un verdadero reconocimiento de la vulneración de los derechos de los presos y presas por parte de los órganos del Estado y particularmente de sus tribunales, es una ilusión. Esto es debido, en particular, a la afinidad política entre la gran mayoría de los magistrados ejercientes y los partidos que han impulsado las medidas de excepción, desarrolladas durante décadas contra el EPPK.
Ante esta cerrazón, consideramos que en el espacio jurídico internacional existen hoy espacios más propicios para conseguir avances en el reconocimiento de los derechos de las presas y presos políticos y en particular su acercamiento a Euskal Herria. No porque tengamos la ilusión de que el Tribunal de derechos humanos de Estrasburgo o los órganos de las Naciones Unidas sean intrínsecamente más progresistas que las instancias españolas, sino porque su complejidad los hace menos vulnerables a las presiones de los grupos que, a nivel interno, trabajan a diario para sabotear toda iniciativa a favor de los derechos de los presos y presas políticas. Sirva de ejemplo el caso de la doctrina 197/2006 y su derribo por el TEDH, por encima de las enormes presiones del Gobierno del PP y de sus organizaciones afines.
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Justicia o saña | Antonio Alvarez Solís
El autor reflexiona sobre la reciente decisión del Tribunal Supremo de no contabilizar los años de condena cumplidos en el Estado francés y sentencia que «ETA sigue siendo el gran enemigo necesario» para el Estado español. Un enemigo que insiste en mantener vivo con la «victoria» como único objetivo.
Sentí vergüenza, una profunda vergüenza, como estudioso del Derecho y como ciudadano alimentado por radicales principios éticos, ante la información que los periódicos del régimen facilitaron a bombo y platillo acerca del acuerdo del Tribunal Supremo español que no admite los años de cárcel cumplidos en Francia por la gente de ETA para extinguir su responsabilidad penal por hechos armados. La mayoría del Supremo estimó que un encarcelamiento no elimina otro encarcelamiento por el mismo delito sustancial si hay una frontera por medio que permita fueros diferentes; que en tales circunstancias no debe realizarse la acumulación de penas a fin de establecer un límite máximo de prisión que resulte humano. Hay que dar dos veces el mismo mazazo sobre la misma cabeza para complacer a los persecutores encarnizados.
ETA sigue siendo el gran enemigo necesario. Un enemigo irredento al que absurdamente no se le permite negociar el último paso para desaparecer. ETA tiene que estar ahí para que España tenga razón. Una razón espesa, casi inespecífica o de múltiple aplicación. Una razón no intelectual, sino oscuramente genética. Una razón castiza. España no negocia; sobre todo, España no perdona. Da la sensación de que ETA es uno de aquellos contrafuertes que mantenían en pie los pesados muros de los templos medievales cuyas gárgolas escalaban diablos oscuros y pertinaces.
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Autor: Naiz