Hoy hemos presentado el dossier «Breves consideraciones sobre los derechos de las personas presas del País Vasco-Euskal Herria y la Política penitenciaria del Gobierno español» en el Colegio de Abogados de Bizkaia.

Hoy hemos presentado el dossier realizado por Sare junto con varios juristas y la Universidad del País Vasco. Esta prsentación no será más que el comienzo de una dinámica que tendrá como objetivo la denuncia de la vulneración sistemática de los derchos de las personas presas vascas. Algunas de las iniciativas que llevaremos a cabo será: envío del dossier a los ministerios de Justicia e Interior, así como al defensor del pueblo, presentación del dossier en Madrid y Barcelona, presentación del mismo en los pueblos,…

El informe que presentamos a la opinión pública y que dirigiremos a las instituciones europeas, está fundado en una profunda preocupación por la situación de los derechos fundamentales en el Estado español. En concreto por la falta de respeto de los derechos fundamentales de los presos y presas vascas.

Entendemos que en democracia los derechos fundamentales constituyen la medida de las políticas públicas. No hay política pública legítima que no se haga respetando los derechos fundamentales. Una sociedad donde no se respetan los derechos fundamentales y la división de poderes no es una democracia.

Este principio serviría para analizar algunas políticas actuales en Europa. Para la política de extranjería, cuyo respeto de los derechos fundamentales de esas personas que están en las fronteras europeas no se está produciendo. Y la misma afirmación podríamos hacer en relación con la política penitenciaria y los derechos de los presos y presas vascas.

Los presos y presas vascas están siendo víctimas de la aplicación de un ordenamiento que desconoce sus derechos. Pero es más, la gravedad de esta violación de sus derechos está también en que no encuentran la debida tutela judicial para que les sean respetados.

Concretando estos aspectos cabría empezar por señalar que el alejamiento de los presos y presas de Euskal Herria, a miles de kilómetros, es contrario al propio ordenamiento jurídico en vigor, y especial y concretamente a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien ha manifestado claramente el derecho de los presos a cumplir condena en cárceles próximas a su domicilio habitual.

A pesar de una jurisprudencia europea indudable y unívoca, pueden encontrarse sentencias de los tribunales españoles donde se  llega incluso a no citar el derecho a la intimidad personal y familiar de los internos en prisión y a su vida familiar, ni tampoco la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y más teniendo en cuenta que  este tema ha tenido y tiene notoriedad pública, al haber sido tratado en el propio Parlamento y en la prensa.

Se llega incluso a señalar que lo presos no tienen ningún derecho subjetivo a cumplir condena cerca de sus domicilios habituales, cuando la jurisprudencia europea dice claramente lo contrario. Todo ello, cuando a su vez el Presidente del Tribunal Constitucional acude a la apertura del Año Judicial Europeo de los Derechos Humanos en 2015 y dice que la jurisprudencia de ese Tribunal vincula a los tribunales europeos y que los tribunales internos la respetan plenamente.

Si esto sucede con el alejamiento, algo similar puede decirse en relación con la acumulación de condenas. En virtud de una norma europea, las condenas cumplidas en Europa deben descontarse de las condenas a cumplir en el Estado español. Así lo reconoció inicialmente el propio Tribunal Supremo y algunas sentencias de la Audiencia Nacional.

Sorprendentemente sin embargo se dictó una ley por las Cortes Generales, con retraso, y desarrollando la normativa europea, donde se limitaba esa posibilidad de acumulación de condenas a las condenas cumplidas con posterioridad a agosto de 2010.

Esto significaba claramente, que la acumulación de condenas no se iba a poder aplicar a los presos y presas vascas. Esta limitación temporal se considera que es contraria a la normativa europea. Esta contradicción con la normativa europea debería llevar a los tribunales a preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si esto es así o no, si la ley española que impide la acumulación de condenas es o no conforme con el Derecho europeo.

Los tribunales españoles sin embargo, a pesar de estar obligados a ello, no han realizado esta pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Han dicho que la interpretación de la Ley es clara, que lo que ha dicho el legislador español es correcto, a pesar de que en esta decisión de no preguntar al Tribunal de Justicia europeo la hayan adaptado 11 jueces contra 9, en una discutida decisión, como puede comprobarse.

Si hay duda en la interpretación, es totalmente contrario al principio de tutela judicial que los tribunales españoles no hayan preguntado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este comportamiento es jurídicamente contrario a las normas europeas, y claramente negador del derecho a la tutela judicial de los presos.

Por esta razón, los firmantes de este manifiesto, pretendemos trasladar a Europa el análisis que hacemos de algunas resoluciones de los tribunales, con objeto de que las instituciones europeas puedan conocer el desconocimiento y la conculcación de los derechos de los presos y presas vascas, actualmente objeto de una política penitenciaria impropia de un Estado democrático y sin una tutela judicial efectiva de sus derechos.