Varias personas referenciales de diferentes sensibilidades ideológicas y de diversos ámbitos profesionales, respaldan un manifiesto en el que transmiten su apoyo a la Red Ciudadana SARE y exigen la devolución del dinero que se les retuvo a instancias de la audiencia nacional, en enero de 2.015.

Entre estas personas, se encuentran, los ex lehendakaris Carlos Garaikoetxea y Juan Jose Ibarretxe; el ex presidente de EAJ/PNV Xabier Arzallus, la ex presidenta de EA, Begoña Errazti; el ex Gobernador Civil de Bizkaia, Dani Arranz; los periodistas Andoni Aizpuru, Pili Kaltzada, Xabier Euzkitze, Juan Kruz Lakasta, Mirentxu Purroy, o Martxelo Otamendi; los abogados Iñigo Iruin, Felix Cañada, Juan Daniel Barandiaran, Miguel Castells, Bego Atxa, Jone Goirizelaia, Jose Mari Compains, Elisabete Bizkarralegorra, Iñigo Santxo, Arantza Campos, Begoña Crespo, Pedro Ibarra, o Alvaro Reizabal; miembros de asociaciones como Paul Rios, Maite Aristegi, Txutxi Ariznabarreta y Juan Mari Olano; sindicalistas como Jesus Uzkudun o Xabier Anza; el ex alcalde de Getxo, Iñaki Zarraoa, o el ex alcalde de Bermeo, Juan Karlos Goienetxea; profesores universitarios como, Ramon Zallo, Paco Letamendia, Iñaki Lasagabaster, Aitor Bengoetxea, Jule Goikoetxea, Yolanda Jubeto; personas de la cultura como Xabier Oleaga; Kepa Junkera, Gontzal Mendibil o Eñaut Elorrieta; deportistas como Jesus Mari Zamora o Iker y Eneko Pou, victimas de la violencia como Karmen Galdeano; el ex diputado de Geroa Bai, Bixente Serrano Izko, y el ex juntero de Aralar, Iñaki Aldekoa; junto a los ex consejeros del Gobierno Vasco, Tontxu Campos o Javier Madrazo, son algunas de las muchas personas que han querido acompañar a SARE en estos momentos.

Hace dos años, un lunes 12 de enero de 2015, la Guardia Civil por orden de la Audiencia Nacional incautó, sin soporte legal alguno, 104.000€ a SARE. Recogidas en una cuestación popular durante la multitudinaria manifestación anual contra la política de alejamiento de los presos y presas vascas que convoca esa Red Ciudadana, habían sido depositados, repartidos en 150 bolsas, en la sede de LAB en Bilbao. No hubo más razón para el lugar del depósito que siendo sábado por la tarde (10-1-2015) y con los bancos cerrados, la sede de ese sindicato está cerca de la plaza de Zabalburu, donde terminó la marcha.

SARE había informado públicamente que esa recaudación era para pagar los gastos generados por la laboriosa organización de la manifestación (escenario, sonido, publicidad, difusión por las redes..). A falta de una Gürtel la sociedad civil se paga con esfuerzo sus actos a escote, lo que hace más intolerable que un juzgado se lleve literalmente el dinero de miles de personas.

SARE molesta porque denuncia una política penitenciaria arbitraria e injusta y pone en evidencia a quienes anclados en la venganza, quieren perpetuar el sufrimiento.

Aquella agresión a una organización de la sociedad civil que vio amenazado su derecho de expresión y organización obtuvo a la sazón la siguiente respuesta de SARE: «Si lo que han pretendido con la requisa del dinero recaudado durante la movilización ha sido intimidarnos o asustarnos, les decimos muy claro y muy alto que han conseguido lo contrario»(14-1-2015). En efecto , la continuidad de SARE, no está en manos del Gobierno del PP, ni de maniobras ni de estrategias antidemocráticas. La continuidad de SARE, está en manos de la ciudadanía vasca. Si SARE existe, es porque la sociedad vasca, sensible a las injusticias que ha venido denunciando, le da su apoyo de forma reiterada.

Podemos imaginar con mucha verosimilitud que la orden de proceder a la retención de este dinero , surgió de una covachuela en la que un político, hoy ex ministro, reunido con un fiscal, conspiraba instrumentalizando políticamente a la Justicia.

Al año siguiente, 2016, se celebró otra manifestación. También se hizo una cuestación popular y no hubo requisa, aunque intentaron una acusación sin fundamento y a la medida, para judicializar de nuevo la recaudación obtenida. No lo consiguieron. Tampoco ha habido incautación en 2017. Ambas circunstancias hacen inexplicable que ante el recurso de SARE para la devolución de aquel dinero de 2015 la Audiencia Nacional en la vista del próximo 23 de febrero, tras haber hecho un ridículo continuado por su falta de criterio independiente, no devuelva todo lo retenido injustamente.

Veremos hasta donde llega la politización de la Justicia no ordinaria y la mano del Gobierno. Tendremos una nueva oportunidad de comprobar si una decisión política, revestida de judicial, impide a SARE recuperar lo que nunca se le debió arrebatar con la intención de debilitarla mediante su asfixia económica.

Quienes suscribimos este documento, siendo personas de ideologías diversas, pero unidas en el objetivo de reivindicar una sociedad vasca en paz y que avance hacia la convivencia, apoyamos la actividad de SARE porque trabaja en favor del fin de la vulneración de los Derechos Humanos de las personas presas, de la política de alejamiento que daña especialmente a las familias, de la reclusión de presos gravemente enfermos o de las legislaciones excepcionales. El respeto de esos y otros derechos, es una tarea pendiente en la construcción de la paz y la convivencia y en la apuesta por un futuro colectivo más justo y mejor. SARE es un patrimonio colectivo que no dejaremos caer y que tendrá sentido hasta que todos los derechos de las personas presas sean respetados.

Pero también sabemos que esa desposesión de sus activos económicos ha ocasionado una situación límite en las cuentas de SARE y es eso, precisamente, lo que queremos denunciar ante la sociedad porque nos afecta a todos y todas. GU ERE, SARE GARA.

Hay que recordar que algunas decisiones judiciales cautelares en fase de instrucción, y que luego se anularon o rectificaron, fueron terriblemente injustas porque arruinaron irreversiblemente empresas y proyectos comunicativos como Egin o Egunkaria, sin que luego se reparara de ninguna manera el daño causado por parte de un Estado llamado andana, un Estado irresponsable que expropia por motivos políticos y luego no repara ni indemniza ni pide perdón por sus errores o desmanes. Estas barbaridades indignas de un Estado de Derecho se han quedado en la memoria colectiva.

El reciente auto de una sala del Tribunal Supremo del 17-1-17 –firmado por Cándido Conde-Pumpido, Francisco Monterde y Joaquín Giménez– para el caso Goioaga desautoriza la habitual interpretación abusiva de los tipos penales de «pertenencia» y «colaboración» al subrayar que ha perdido sentido cuando ETA «ha abandonado hace más de cinco años la realización de actividades armadas y se encuentra en fase de liquidación». Esta visión es un factor de esperanza e invitaría a que se dejen fuera de toda sospecha a organizaciones de derechos civiles como SARE y su modesto patrimonio, víctimas de la monstruosa teoría del “todo es ETA”.

Estaremos alerta a lo que pueda ocurrir el 23 de febrero en la Audiencia Nacional. Si se rectifica, lo celebraremos por el paso dado hacia la normalización; y si no fuera así y se ratifica la persecución a esta Red Ciudadana, será la propia Audiencia Nacional la que ahonde en su desprestigio y será la sociedad vasca quien seguirá haciéndose oír haciendo inútiles las zancadillas y poniendo en su sitio en las urnas y en la calle a quienes respaldan los atropellos.

GU ERE, #SareaGara. NOSOTRXS TAMBIÉN #SomosRed